Juicio de responsabilidad a funcionarios

Según el ente de contralor, hay un presunto perjuicio al Estado por más de $ 300.000.
El Tribunal de Cuentas resolvió durante la última semana de 2009 iniciar un juicio de responsabilidad contra cinco funcionarios del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst), luego de que una investigación administrativa detectó medicamentos en malas condiciones, que debían ser suministrados a pacientes oncológicos.

La acordada 3.970 del órgano de contralor advierte que, luego de la comprobación sumaria, se determinó que los medicamentos irregulares estaban tanto en las góndolas como en las heladeras del Centro de Calidad de Vida, Promoción y Prevención de la Salud, que depende del Ipsst.

El organismo de contralor hace hincapié en un presunto perjuicio para el Estado por un monto superior a los $ 300.000, a raíz de la cantidad de medicamentos que fueron decomisados por el Sistema Provincial de Salud, mediante el acta 13.958.

Según el pronunciamiento del ente de control, a raíz de la pesquisa, se determinó la existencia de medicamentos vencidos, rotos, que perdieron la cadena de frío y que, en otros casos, fueron devueltos por los afiliados. La disposición que ordena el inicio de un juicio de responsabilidad fue rubricada por los tres vocales del Tribunal de Cuentas: Miguel Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal. Esta instancia sirve para determinar el grado de compromiso de los implicados, que ejercerán su derecho a defensa. Aunque también pueden aparecer otros involucrados en la causa.

Los funcionarios que quedaron expuestos en la investigación son los contadores Nelly Ganim (interventora del Instituto de Previsión) y Angel Aragón (ex Subinterventor), la doctora María Inés Guchea (ex coordinadora general del centro de calidad de vida) y los farmacéuticos Ana Herrera de Forgas (actual coordinadora general), y Benedicto Marcos Kolton (a cargo de la dirección técnica de farmacias).

Aragón, cabe recordar, terminó su función en el Ipsst en octubre, dada la polémica por los medicamentos vencidos, pero a principios de diciembre, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, lo designó gerente de Programas Especiales.

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