Juicio Político: Varela pide la nulidad

"Voy a renunciar cuando me lo pida el gobernador", dijo el ministro de Obras Públicas Jorge Varela. Aseguró que no respetaron su derecho de defensa durante el Juicio Político.

 

No hubo lugar para las sonrisas ni para las consideraciones políticas. Basado más en cuestiones técnicas que de otro tipo, el ministro de Obras Públicas Jorge Varela anunció ayer un nuevo manotazo para tratar de zafar del juicio político por el Megaestadio: formalizó un pedido de nulidad de lo actuado por la Sala Acusadora, bajo el argumento de que no se garantizó su derecho a defensa.

El planteo se hace ante la propia Sala, y llegado el caso de que se rechace el pedido, existe la posibilidad de acudir al Poder Judicial, aunque sin que se interrupa el Juicio Político. Si la Sala acepta el planteo -cuestión que parece poco probable en el actual escenario- se cierra el Juicio y se dicta la absolución de Varela.

Varela estuvo acompañado en una conferencia de prensa por el abogado Marcos Paz, que es asesor del gobernador Oscar Mario Jorge.

Varela resumió su planteo de que no se respetó su derecho de defensa en 4 puntos: 1) no hay una configuración de un hecho, porque si bien se lo acusa de una omisión no se espeficia cuál; 2) la Sala Acusadora no le puso abogado defensor, como corresponde en estos casos; 3) no le permitieron un efectivo control de la prueba al no notificarlo de los testimonios para que pudiera presenciarlos e incluso indagar sobre el tema; y 4) no se labaron las actas como corresponde.

El abogado Paz explicó que el Juicio Político, más allá de que pueda tener resoluciones "arbitrarias" por su propia naturaleza, se rige supletoriamente por el Código Procesal Penal. Aludió a la necesidad de que se respetaran derechos constitucionales y pactos internacionales.

Varela y el abogado, además, dejaron en claro que todo lo actuado cae en responsabilidad de la presidenta de la Sala, la vernista Mariana Baudino.

Paz insistió en que el Poder Judicial es el que debe intervenir para el caso de que se compruebe un “cercenamiento de los derechos”. De todos modos el proceso de acusación y juzgamiento no se detiene: podría darse el caso de que Varela sea considerado culpable y relevado de su cargo, pero tiempo después el Poder Judicial determine que tenía la razón, y por lo tanto revierta ese resultado.

El ministro y su abogado también advirtieron que estudian una “vía alternativa”, en ese caso más rápida, que es una acción de amparo.

El planteo dice que la Sala Acusadora violentó exigencias y garantías previstas en los tratados de Derechos Humanos, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Ley Provincial 1246 (reglamentaria del Juicio Político) y el Código Procesal Penal, todo lo cual ha conculcado groseramente mi derecho de defensa en juicio y el debido proceso”.

Un párrafo de la presentación alude al pedido del fiscal de Investigaciones Administrativas Juan Carlos Carola: “en la denuncia se consignan exigencias legales a mi cargo, en mi condición de Ministro, pero no se configura el hecho omitido que se me imputa. Es decir no queda determinado con precisión cuál es mi obligación legal frente a la situación del Megaestadio y ello afecta claramente la exigencia procesal de conocer el hecho que se tiene en consideración para imputarme el mal desempeño como causal de juicio político. Si no conozco con exactitud cuál es el hecho omitido según la denuncia del Fiscal de Investigaciones Administrativas, mal puedo ejercer el derecho de defensa, puesto que desconozco el hecho del cual debo defenderme”.

“Todas estas falencias revelan que no existe el apego a las normas legales que impone un instituto tan trascendental como es el juicio político para la vida republicana. Sí en cambio, un afán persecutorio de mezquindad política que está dirigido contra mi persona con el deliberado propósito de lesionar, en forma indirecta, la probidad y eficiencia de la gestión desarrollada por el señor gobernador”, asevera el ministro en el escrito.

Comentá la nota