De la Rúa irá a juicio oral por las coimas en el Senado

Rafecas concluyó la etapa de investigación por los sobornos por la Reforma Laboral. También están procesados Flamarique, De Santibañes y varios senadores
Fernando De la Rúa deberá enfrentar un juicio oral por la causa que inició el derrumbe de su presidencia: la investigación por las coimas en el Senado para tratar la Reforma Laboral. El ex presidente –que ya está procesado por cohecho– será sometido al proceso, según decidió ayer el juez Daniel Rafecas, que investiga si el gobierno de la Alianza pagó sobornos a senadores radicales y peronistas para que votaran a favor de la ley de flexibilización laboral que impulsaba el ejecutivo en 2000.

De esta forma, la causa contra el ex mandatario fue remitida al Tribunal Oral Federal 3 que hará un único juicio para el ex presidente y otros procesados en la causa, como el ex titular de la SIDE en su gobierno Fernando de Santibañes.

Si bien este proceso aún no tiene fecha de inicio, el Tribunal ya abrió la etapa de recepción de prueba y convocó a las partes.

Tras enterarse de la decisión, De la Rúa dijo: "No sé por qué causa tanto escándalo, si esto no cambia en nada; se está montando un escándalo nacional con la noticia".

Rafecas dio por cerrada la investigación y comenzó los trámites de elevación a juicio en septiembre pasado, luego de que la Camara Federal confirmó el procesamiento del ex presidente por el delito de cohecho activo, según informó la agencia Télam.

En base a eso, ayer el juez firmó el decreto para enviar a De la Rúa a proceso y derivó las actuaciones al tribunal oral que lo juzgará junto a Santibañes; el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique; el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto y los entonces senadores Augusto Alasino, Alberto Tell, Alberto Branda, Remo Constanzo y Emilio Cantarero.

Todos están procesados desde agosto de 2006 y el juicio oral en su contra se demoró porque el Tribunal Oral instó a definir antes la situación de De la Rúa para encarar un solo proceso.

El tribunal consideró en su resolución que el pago de sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral "fue un acto del Gobierno liderado por Fernando de la Rúa como presidente", quien se fue del cargo en forma anticipada en 2001.

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