Juicio por corrupción no comienza porque falta un camarista

A la Cámara en lo Criminal le falta un juez porque González terminó su reemplazo y Mattei aún no juró. La causa se abrió hace cuatro años y medio en el fuero penal y tuvo tiempos muy elásticos.
El ex funcionario marinista, vernista y alcalista, Silvio Pascual Amoresano, debía ser juzgado oral y públicamente a partir de hoy en la Cámara en lo Criminal 2 por enriquecimiento ilícito, pero las audiencias se postergaron por falta de jueces.

El tribunal está compuesto en estos días sólo por el presidente Eduardo Olmos y el vocal Abel Depetris, ya que el tercer lugar permanece vacante: Carlos González, que estaba actuando como juez sustituto, finalizó el reemplazo la semana pasada, y el juez que debe asumir, Carlos Mattei, recién juraría el viernes.

La resolución fue adoptada ayer luego que la defensora de la esposa de Amoresano, Norma Patricia Aranda, también procesada en la causa, presentara una recurso de impugnación luego que la Cámara le denegada un pedido de probation (suspensión del juicio a prueba) a favor de la imputada. Lo que busca la mujer con esa estrategia es tratar de evitar el enjuiciamiento público.

Sin embargo, esa presentación no fue la que postergó el debate, ya que fuentes judiciales admitieron que la decisión -de haber estado completo el tribunal- era seguir adelante y, eventualmente, juzgar por separado al matrimonio.

Amoresano fue procesado por enriquecimiento por el juez de instrucción, Gustavo Jensen, en septiembre de 2007, debido a que prima facie no pudo demostrar un incremento patrimonial de 40.661,36 pesos desde que ingresó al Ministerio de Obras Públicas en 1994 hasta diciembre de 2004. Durante el año y medio que duró la investigación, el magistrado recogió varios testimonios y ordenó una serie de pericias arquitectónicas y contables que resultaron clave para el caso.

Jensen, además, procesó al ex funcionario por un segundo delito, omisión maliciosa, ya que entendió que falseó y ocultó información patrimonial en sus declaraciones juradas ante el Tribunal de Cuentas; y lo mismo hizo con Aranda, por haberse prestado a la maniobra de ocultamiento del supuesto enriquecimiento. Este delito está penado con entre dos y seis años de prisión y la omisión de 15 días a dos años, más inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Tiempos muy flexibles.

Jensen le imputó la omisión a Amoresano porque "olvidó" informarle al TdeC que poseía unos complejos de departamentos en distintos lugares de la ciudad y hasta un campo familiar de 150 hectáreas, llamado "La Loma" y ubicado en la zona de Winifreda.

El imputado "recuperó" la memoria cuando desde el Juzgado de Instrucción 1 le requirieron precisiones sobre sus ingresos y egresos de dinero. Fue entonces cuando adujo que había incrementado su patrimonio vendiendo varios de esos inmuebles. Así, con esa estrategia, logró atenuar en parte el monto del enriquecimiento, aunque terminó siendo un tiro por la culata porque agravó su situación procesal, al sumar la omisión maliciosa en el auto de procesamiento.

Durante el marinismo, Amoresano se desempeñó como director provincial de Obras Básicas y fue arquitecto del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda cuando el organismo era conducido por Hugo Agüero. Luego pasó a ser director municipal en el inicio de la gestión de Nestor Alcala -tuvo que renunciar al cargo cuando el escándalo del enriquecimiento salió a la luz- y finalmente el ex gobernador Carlos Verna lo designó representante del gobierno provincial ante el Ente Regulador del Gas y la empresa distribuidora de gas Camuzzi.

Los tiempos de esta causa han sido muy elásticos, por no decir demasiados elásticos. Desde que el Tribunal de Cuentas determinó que Amoresano no pudo justificar la mejora patrimonial, pasaron cinco meses hasta que el 11 de febrero de 2005 se le abrió la causa penal, que fue impulsada desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Luego pasaron otros siete meses hasta que Jensen tomó el expediente. En ese lapso hubo declaraciones de incompetencias cruzadas entre distintos organismos del Poder Judicial, incluyendo al S.T.J. Por eso el instructor se vio urgido de llamarlo rápidamente a indagatoria frente al temor de un eventual pedido de prescripción. La Cámara en lo Criminal 1 confirmó los procesamientos en noviembre de 2007 y, desde ese momento, se está a la espera del juicio.

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