Una de cal...

Se escuchó en la semana un pedido para que los acusados por coimas en el proceso del acueducto del Río Colorado vayan presos: el fiscal Jorge Marcelo Amado solicitó 3 años y 2 meses de prisión para el exfuncionario Enrique Romero Oneto -para quien además reclamó inhabilitación- y para el inspector Carlos Oppezzo, como condena por el delito de corrupción en que incurrieron mientras se gestó la llamada “obra del siglo”.

Los dos personajes aparecen acusados de recibir y pagar coimas -respectivamente- para insertarse en el engranaje de complicidades que facilitaba un desvío dinerario atado, desde ya -y como siempre ocurre- a la deficiencia de la infraestructura en cuestión.

Ahora está en manos de los integrantes del Tribunal el destino de un expediente que posó la lupa, aunque muy levemente, sobre un emprendimiento en el que el Estado invirtió -o gastó, según como se mire- decenas de millones de pesos, que fueron dólares, bajo la promesa de concretar una tarea que los ciudadanos pampeanos necesitaban de modo ineludible para proveerse de agua.

Aunque la mirada de los jueces no podrá obviar la calidad de los alegatos que se presentaron en la última audiencia, y en ese sentido el fiscal Amado -que ya acumula múltiples cuestionamientos, y puntualmente la sensación de que no es un especialista en atacar los delitos de corrupción- no estuvo precisamente diestro durante las audiencias, en las que dejó bastante que desear y por momentos pareció servir en bandeja algunos de los argumentos o pretensiones a los defensores de los acusados.

Resulte como resuelte el final de este proceso judicial, lo que salta a la luz es el eficaz funcionamiento de una maquinaria de impunidad, en la que Romero Oneto y Oppezzo dan sus últimos manotazos con la idea de no quedar como los perejiles ahogados de una megaobra que se ganó para siempre el mote del “robo del siglo”, a partir de la innumerable cantidad de irregularidades y maniobras sospechosas que la caracterizaron, incluyendo aquellas confesiones internas en las que se reveló -aunque muy a medias- que hubo “valijas para el gober”.

Lo que le pasa a La Pampa parece ser una mala comedia, en estas horas en las que el gobierno provincial -casi dos décadas después de iniciada aquella aventura- tiene serios inconvenientes para conseguir la financiación de la prometida segunda etapa de esa obra para llegar a General Pico; en paralelo con la circunstancia de que Américo Gualtieri, el primer empresario al que el marinismo presentó como socio ideal para su emprendimiento, se sienta en el banquillo de los acusados, imputado por una estafa en otra jurisdicción y por otros asuntos.

Probablemente la corrupción está presente desde los principios de la historia en cualquier asunto en el que se mezclen el poder y el dinero; no es la transparencia un valor que haga por sí mismo crecer a los países ni que salve a los pueblos de la desgracia, pero hay asuntos que asoman claros a la luz de la experiencia vernácula: la perpetuación en los cargos públicos y el manejo descontrolado del dinero, derivan generalmente en un abuso; y atados a la omnipotencia que se apropia de los grupos de poder que extienden tentáculos sobre ámbitos y épocas, vienen el delito de guante blanco, la ostentación y el robo impúdico.

Mucho más que una causa judicial con dos actores secundarios en la picota, el acueducto del Río Colorado es paradigma de la decadencia marinista, una época pampeana en la que el despliegue territorial y de recursos disimularon hasta la desocupación y la pobreza; y en la que se gestaron muchos de los males que sigue padeciendo y padecerá la provincia.

...y una de arena

El gobierno municipal ya dio a entender que volverá a recurrir a la herramienta del veto para sacarse de encima una ordenanza que aprobaron la mayoría de los concejales votados por el pueblo: el intendente Luis Larrañaga negará la posibilidad de que se aplique inmediatamente en la capital provincial la gratuidad del boleto estudiantil.

El argumento utilizado por el oficialismo es el mismo que hicieron saber algunas de sus espadas legislativas y el que adelantaron las usinas mediáticas que le sirven de armadura: los funcionarios del Ejecutivo arguyen que como el presupuesto del año 2014 no previó el subsidio votado por el Concejo no es momento de extender ese beneficio a los sectores que lo necesitan y aprovecharían.

El monto de dinero que representaría afrontar esa iniciativa, tal como ha sido expuesto y difundido, no es precisamente un porcentaje mayúsculo del presupuesto anual de Santa Rosa.

La iniciativa respaldada por los concejales de distintas fuerzas políticas viene a ser, en el contexto actual, un alivio para el sistema de transporte que cotidianamente tienen que padecer los ciudadanos de la capital provincial, y que ha mostrado enormes e injustificables deficiencias desde el mismo día en que, con coloridas promesas, Autobuses Santa Fe se hizo cargo del servicio.

Por otra parte, es una situación que ya está naturalizada en otros puntos del país, donde desde hace años los estudiantes no pagan el transporte público, y en el algunos casos el beneficio alcanza también a los docentes.

Ese mismo dato es el que permite reflexionar respecto de porqué esta idea no surgió antes en Santa Rosa, e incluso preguntarse porqué la fuerza política que ahora le da a la iniciativa tanto ímpetu y la considera imprescindible no la impulsó en el momento en que tenía a su disposición el Ejecutivo municipal y una suficiente representación legislativa.

En ese sentido, bien puede pensarse que lo que tantas veces desde el sentido común se presenta como un problema para las mayorías termina siendo en realidad un paso adelante: la pareja disputa política que hay desde hace años en la capital provincial, e incluso la fragmentación interna que atraviesa el partido del gobierno, han permitido que entren en discusión cuestiones que antes eran inimaginables, del mismo modo que han llevado a que las últimas gestiones concreten medidas que quizá en otro contexto ni siquiera habrían encarado.

Así como la gestión de Francisco Torroba y el FrePam afrontó la estatización del servicio de recolección de residuos, fue a fondo en lo que hace a las políticas de Género y propició formas de control más transparentes cediendo los cargos del cuerpo de Relatores a la oposición, el gobierno actual ya se ve obligado a implementar el boleto estudiantil al menos desde el año que viene, del mismo modo que para diferenciarse de su antecesor quitó el nombre de Julio Argentino Roca de las calles de la ciudad y anunció el traspaso de sus líneas telefónicas y de Internet a la Cooperativa Popular de Electricidad.

Los propios ciudadanos son y serán los encargados de medir cuánto hay en esas decisiones de genuino y cuánto hay de especulación, pero salta a la luz que si se traducen democráticamente las disidencias muchas veces temidas -llevadas alguna vez hasta el fantasma de “la grieta”- no necesariamente generan una parálisis sino que, por una cosa o por otra, incluso sirven para avanzar.