Va a juicio la causa por destrozos en el centro

Luego de casi nueve meses de investigación, la fiscalía que dirige Enrique Gavier envió el pedido de elevación a juicio de la causa por los destrozos ocurridos en el centro de la ciudad el 20 de agosto de 2008.
La medida llega justo al final de una semana en la que la protesta de los municipales alcanzó su grado más alto. La coincidencia llama la atención porque los hechos que derivarán en juicio se produjeron también durante una manifestación gremial, en este caso en protesta por la aprobación de la polémica ley 9504, que dispuso un cambio en el sistema jubilatorio cordobés.

La elevación a la nueva instancia fue confirmada por una fuente vinculada a la fiscalía, la que detalló que "se dio por finalizado el período de instrucción con un suficiente cúmulo de pruebas en contra de los 18 imputados".

La acusación es por los delitos de "intimidación pública agravada", "daño calificado" y "atentado contra la autoridad calificado". El Código Penal prevé una pena de entre tres y 10 años de prisión. Aunque no fue confirmado, uno de los involucrados habría sido acusado por "tenencia de armas de guerra".

Del total de los imputados, 11 son afiliados a Luz y Fuerza, uno de los gremios que reaccionó con mayor virulencia durante el tratamiento legislativo de la nueva ley previsional. Según la fiscalía, entre los involucrados están Pablo Alvarez, José Luis Cordero, Tomás Di Toffino, Federico Gómez, Walter Lescano, Ulises Montoya, Ricardo Reyes, Emanuel Romero, José Segura y Víctor Hugo Taborda.

En relación con la fecha probable de comienzo del juicio, fuentes tribunalicias aclararon que recién ahora se eleva el pedido y que, seguramente, la defensa pedirá que un juzgado de control analice la actuación de la fiscalía. "Todo esto demorará varios meses en resolverse", explicaron.

Se abusaron. Si bien la letra chica del pedido será conocida el lunes próximo, una vez que todas las partes accedan al texto, trascendió que las consideraciones de la fiscalía giran en torno a los límites que puede tener el derecho de expresión y el derecho a la protesta. "Los límites son los derechos de los demás, de los otros ciudadanos", puntualizaron desde el Ministerio Público. "En nombre de la libertad de expresión no se puede destruir un móvil de televisión, por ejemplo, sólo por el hecho de estar enojado con la sanción de una ley", analizaron. Para la fiscalía, no se trató de una manifestación, sino que hubo "abuso del derecho a la protesta para delinquir".

Entre las pruebas que se acumularon en estos nueve meses para lograr identificar a los manifestantes, hay filmaciones de los distintos medios que cubrieron la protesta, declaraciones de los afectados y el material y prendas de vestir que se secuestró en los allanamientos.

Precisamente estos operativos fueron muy discutidos por la defensa de Luz y Fuerza, ya que una decena de ellos, los que se realizaron en la madrugada del sábado 23 de agosto, para el gremio "tuvieron un carácter irregular".

Entre los imputados no se detectó a "infiltrados" llegados de otras provincias para perturbar el orden público. Algo que el propio Ejecutivo había deslizado en aquellos días.

El expediente

Hechos. Los incidentes se produjeron el 20 de agosto del año pasado, en el casco céntrico. CAUSA. La protesta era en contra de la aprobación de la nueva ley previsional impulsada por el Ejecutivo provincial.

Dedos pintados. Hay 18 imputados por "intimidación pública agravada", "daño calificado" y "atentado contra la autoridad calificado". La pena prevista va entre 3 y 10 años.

Involucrados. La mayoría pertenece a Luz y Fuerza.

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