Va a juicio el caso Puerto Ibicuy por malversación de fondos

Resta la citación a las partes y fijar la fecha de inicio del debate. Se investiga el uso indebido de un ATN otorgado y percibido con destino a obras. Involucra al ex senador Pacayut.
El expediente en el cual se investigaron las maniobras vinculadas al presunto uso indebido de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con destino al puerto de Ibicuy llegó, después de muchos años, a la Sala I de la Cámara del Crimen para la realización del juicio oral y público.

La medida se origina en el pedido de elevación formulado por la jueza de Instrucción Nº 1, Patricia Yedro, en base al dictamen de la fiscal Leonor Nader, que tuvo ingreso en la Sala el 4 de setiembre, reveló ayer el sitio web Análisis Digital.

Se trata de la investigación referida a la utilización indebida de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) otorgado y percibido por un grupo de personas con destino a obras en el Puerto de Ibicuy, determinándose que se incurrió en la figura de "peculado de bienes" (artículo 261 del Código Penal), debiendo añadirse la aplicación de sobreprecios.

El monto original –sin actualización - fue de 24 millones de pesos (en ese momento convertibles a dólares), y se sospecha que las maniobras fueron posibles gracias a la connivencia entre autoridades de entes oficiales con empresarios y profesionales particulares.

Los procesados que deberán enfrentar al tribunal- cuya integración aún no está resuelta, son los hermanos Abelardo Félix y Carlos Fernando Pacayut, Norberto Durrels, Rafael Alberto Morana, Alberto Víctor Gavio, Julio César Ivanovich y Carlos Alberto Lovera. Los dos primeros como autores principales, y el resto como partícipes necesarios del mencionado delito, considerados responsables de prestar una contribución fundamental en la gestión del ATN.

Los hechos investigados ocurrieron en 1997. Abelardo Pacayut era por entonces presidente del Instituto Portuario Provincial, mientras Carlos Pacayut se desempeñaba al frente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy. Ambos integraban la denominada Comisión Pro Desarrollo del Pueto Ibicuy.

Gavio era el principal referente de la empresa Performar, con quien Durrels formalizó un contrato el 1º de octubre de 1997 para ejecutar los trabajos. Pero dicho contrato fue cedido a los organismos que conducían los hermanos Pacayut, el 17 de febrero de 1998.

Sin embargo, una serie de dictámenes técnicos a cargo de profesionales de la Ingeniería, incorporados a la causa en 2002, resultaron lapidarios y demoledores, ya que señalan que el Estado recibió una obra millonaria y ruinosa, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado, demandando una gran inversión para poder completar las obras.

De acuerdo a la instrucción, los pagos de fondos públicos otorgados desde el Ministerio del Interior beneficiaron a Gavio, habiendo sido recibidos por Carlos Pacayut y el contador Morana.

De acuerdo a lo determinado por la Justicia en la etapa de instrucción, en su carácter de presidentes del Ente Autárquico Puerto Ibicuy e Instituto Portuario Provincial respectivamente, y en connivencia con el resto de los coimputados, los hermanos Pacayut habrían sustraído dineros públicos destinados a la obra de ampliación y reactivación del puerto. Esos fondos habían sido gestionados y obtenidos por los miembros de la Asociación Pro Fomento Puerto Ibicuy. Con estos dineros públicos También se habría beneficiado Víctor Gavio, titular de la empresa Perfomar, encargada de llevar adelante las obras.

La Justicia busca conocer el destino de una suma aproximada a los 14 millones de pesos, que fueron entregados a Gavio en representación de Perfomar SA, en carácter de anticipos, sin haber exigido ningún tipo de rendición por esta firma.

A esa cifra se suma la de aproximadamente 10 millones de pesos que se calcularon en base a los sobreprecios cobrados por la firma, por los trabajos efectivizados, teniendo en cuenta los de mercado de la época, monto que fue efectivizado por la Provincia.

En la resolución judicial de la fiscal, en la que se hace la elevación a juicio, se consigna específicamente que "para que se consume el delito de peculado es necesario que en algún momento el vínculo con el ámbito de custodia de la administración se quebrante. Indudablemente esto ocurrió en el supuesto en examen, toda vez que ha quedado sobradamente acreditado que por todas las vías se trató de excluir el contralor oficial la obra de refuncionalización del Puerto Ibicuy".

Con respecto a Durrels, Morana, Ivanovich, Lovera y Gavio, se consigna que "sin la colaboración que ellos prestaron, de acuerdo al plan que preconcibieran y cumpliendo cada uno de ellos un rol fundamental y claramente definido, los hermanos Pacayut no hubieran podido concretar su maniobra delictiva.

"De esta manera, los miembros de la comisión gestionaron la obtención de los ATN que presuntamente iban a ser destinados a la concreción de la obra, contrataron la empresa que estaría a cargo del desarrollo del proyecto, vinculándose con el coimputado Gavio. Posteriormente transfirieron el contrato de Estado, logrando de ese modo que el dinero no fuera invertido en aquello para lo cual había sido destinado, beneficiando directamente a Gavio, a quien se le asignó el carácter de depositario de los fondos públicos", se agregó.

Para conocer la fecha del juicio resta que se redacte el decreto de citación a las partes y se fije la fecha de inicio del debate. (Fuente: Diario Uno)

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