Jugarretas

El planteo es sencillo. Córdoba reclama 1.220 millones de pesos a la Anses por el remanente de una asistencia financiera que se comprometió a enviar entre 2002 y 2007 y no lo hizo. Hay acuerdos firmados que avalan la postura de Córdoba y que podrían inclinar la balanza a su favor.

Por Laura González.

Amado Boudou, el director ejecutivo de la Anses, sostiene que la deuda es "cero" ya que Córdoba –a cambio de la ayuda– se había comprometido a armonizar la ley previsional con la Nación y que la reforma que José Manuel de la Sota hizo en 2002 estuvo muy lejos de eso.

Eso es cierto. Casi 30 mil de los 90 mil jubilados que tiene la Caja de Jubilaciones se retiró entre cinco y 10 años antes de la edad de ley (que en ese entonces estaba en 59 años para la mujer y 63 para el hombre) y todos lo hicieron con la ahora vieja ley 8.024, que garantizaba haberes y condiciones de retiro que son hoy la envidia de cualquier jubilado de reparto.

La jugada era apetecible: los nuevos jubilados iban a ser solventados por la Nación y el Estado quedaría más chico. O, lo que es más interesante, con empleados nombrados por el justicialismo luego de 16 años de gestión radical. El ahora jefe de Gabinete de la Nación, Sergio Massa, alentó esa maniobra.

Pero esa apuesta también era peligrosa. La picaresca y confusa redacción de los convenios que pergeñó el ex fiscal de Estado de la Provincia, Domingo Carbonetti, no fueron arma suficiente cuando la Nación se quedó sin fondos. O al menos sin fondos para gobernadores no amigos. En julio pasado, cuando Córdoba reformó su ley y armonizó (casi) como pretendía la Nación, la Anses hizo fumata blanca y mandó 650 millones por 2008 y prometió 690 millones más en 2009. Eso es historia reciente. Ahora, la Corte deberá decidir si las jugarretas políticas soportan el tamiz de la Justicia.

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