Jugada arriesgada de Sapag, con destino incierto

El gobierno, con su decisión de atar a ingresos por el reparto de las retenciones a la soja la oferta de aumentos a estatales, se compromete a aumentar gastos públicos por 70 millones de pesos este año, que no está garantizado que ingresen efectivamente al Tesoro provincial.
Tal como se están dando las cosas, es posible que el gobierno de Jorge Sapag consiga en poco tiempo conjurar la crisis conflictiva con los sindicatos estatales, y recuperar la "paz social" que ha puesto como objetivo central de su gestión desde el primer día. Pero también es posible que este logro esté sustentado en una preocupante consolidación del aumento del gasto público, que no está calzada con solidez en el presupuesto, sino atada a ingresos nacionales de extrema fragilidad.

La última jugada del gobierno, usar los fondos que ingresarán por retenciones a la exportación de soja, es oportuna para conjurar el conflicto en lo inmediato –los sindicatos es posible que acepten, aunque a regañadientes- pero es a la vez arriesgada por la endeble situación política que le da contexto a la desesperada medida del gobierno de Cristina Fernández.

Por empezar, no se sabe con seguridad cuánta plata ingresará a la provincia. Este es un dato elemental y previsible, por distintas razones:

1) No hay seguridad sobre los volúmenes de exportación, porque el sector agropecuario sigue en conflicto, y los productores no quieren vender hasta que aumente el precio o bajen las retenciones.

2) No hay seguridad sobre el nivel de retenciones, ya que es indudable que el sector agropecuario ha ganado para defender su posición a la totalidad de la oposición parlamentaria al actual oficialismo, y en algún momento (¿después del 28 de junio?) puede avanzar el proyecto de reducir el porcentaje de retenciones a la exportación.

3) El reparto de las retenciones a la soja está determinado por un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que puede fácilmente eliminarse o cambiarse por otro decreto. No forma parte de la coparticipación federal de impuestos.

A esta inseguridad sobre la cantidad y la sustentabilidad de este recurso "extraordinario", se le opone la certeza de que lo que sí aumentará es la masa salarial, aunque sea no remunerativa ni bonificable la cantidad que se aplique. De hecho, hay que sumar, según la actual propuesta oficial, 70 millones de pesos al gasto salarial de este año (22 millones para Salud, 48 millones para Educación).

Por eso, garantizar la paz social pero seguir gastando plata para lograrlo, no parece el mejor camino.

La situación se equilibraría si se avanza, como ya se dieron indicios, en sistemas de recorte de las plantas de personal estatales: jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios, congelamiento de vacantes.

Pero las señales son contradictorias, ya que por otro lado se acaba de prometer oficialmente la incorporación de 203 contratados que revistan como auxiliares de servicio en las escuelas.

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