La jueza Loretta Preska, que entiende el pleito del fondo Burford contra YPF, definió un cronograma de procedimientos a seguir en el caso. La magistrada de la Corte Sur del distrito Sur de Nueva York formalizó un fallo anterior en el que manifestó que escuchará un pedido argentino. Las partes tendrán hasta el 29 de noviembre para completar ciertos pasos procesales.

Todo indica que la definición sobre este aspecto quedará para 2020.

 

La República Argentina e YPF le habían solicitado una "excepción de incompetencia" para que el pleito se haga en tribunales argentinos y no estadounidenses. Preska ya había aceptado esa posibilidad y este miércoles definió el procedimiento a seguir, con las fechas correspondientes.

La compañía argentina y la Procuración General del Tesoro tendrán hasta el 30 de agosto para respaldar su moción. Allí deben expedirse sobre las razones por las que creen que los tribunales argentinos deben entender el caso.

Los fondos (Burford y Eton Park, que entró por otro juicio contra el país) tendrán hasta el 30 de octubre para presentar sus argumentos. Y la defensa argentina podrá contestar esos mismos planteos hacia el 29 de noviembre. Todo indica que el juicio quedará para 2020.

"Todos los plazos y procedimientos en las acciones de Petersen y Eton Park serán suspendidas hasta la resolución sobre las excepciones de incompetencia", detallaron fuentes legales. Eton Park litiga en un juicio por menor monto al de YPF contra Argentina, pero su caso también queda suspendido hasta que se defina la competencia en el caso Petersen/YPF.

El fondo Burford buscaba un juicio sumario ("summary judgment") sin más producción de pruebas. "La cuestión de competencia, sobre que jurisdicción corresponde, no está precluída -como sostenía Burford- y posterga el comienzo del juicio (y los procesos de discoveries) hasta que se sustancie esta excepción previa que tenemos que fundar el 30 de agosto y que se resolvería sobre fin de año", explicaron abogados de la defensa oficial.

La decisión causó beneplácito en la defensa oficial, que creía que esa petición podía ser aceptada por errores en la defensa del estudio de abogados anterior que representaba al país.

YPF y Argentina quieren acreditar que los tribunales argentinos son competentes para dirimir el litigio, generado a partir de la expropiación de YPF que se realizó en abril de 2012 durante el segundo mandato de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Burford -que compró los derechos para litigar en la quiebra del grupo Petersen (familia Eskenazi) en España- se opone a esa posición. La jueza Preska no convalidó directamente los argumentos argentinos, pero le dará al país varias oportunidades de presentaciones para justificarlos.

La ley que se aplicará es la argentina, según los abogados locales. La cuestión ahora es la jurisdicción: los fondos quieren que sea en Estados Unidos, mientras que YPF y la República Argentina demandan que sea en Buenos Aires.

El país ya perdió la discusión sobre si la expropiación era un acto "soberano" -libre de escrutinio judicial- o "judiciable". Ahora lo que busca es que la judicialización sea en tribunales locales.

La postergación del juicio también implica un retraso en los "discoveries". En ese procedimiento, se rastrean operaciones que no fueron declaradas. Allí, la Argentina imagina que puede haber algún fraude en la transferencia de los derechos de juicio de Petersen (de la familia Eskenazi) al fondo buitre Burford Capital.