La jueza que frenó la Ley de Medios

Olga Pura Arrabal hizo lugar a una medida cautelar presentada por el diputado Enrique Thomas, patrocinado por el ex juez federal Luis Leiva. Denuncian irregularidades en su tratamiento.
La jueza federal mendocina Olga Pura Arrabal, titular del Juzgado Federal Nº2, ordenó ayer suspender la aplicación de la ley de medios, luego de hacer lugar a una medida cautelar presentada hace 35 días por el diputado nacional Enrique Thomas, aliado político del vicepresidente Julio Cobos.

El planteo de fondo del legislador mendocino, que contó con el patrocinio del ex juez federal Luis Leiva, apunta a que la polémica norma "fue aprobada de forma irregular", violando el reglamento interno de la Cámara de Diputados y dos artículos de la Constitución nacional, por lo que pide que sea declarada nula.

Éste es el tercer fallo adverso que recibe la ley 26.522, aprobada el 10 de octubre bajo una lluvia de críticas y promulgada pocas horas después.

Antecedentes

El primer dictamen perteneció al juez en lo civil y comercial Eduardo Carbone, quien hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín y ordenó la suspensión, por ser inconstitucionales, de la aplicación de dos artículos de la normativa: el 161, que obliga a los grupos periodísticos a desprenderse de licencias en el plazo de un año, y el 41, que establece que sólo se pueden vender medios con autorización oficial.

El segundo fallo en contra de la ley impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner tuvo epicentro en Salta, donde el juez federal Miguel Antonio Medina hizo lugar a un recurso de amparo presentado por una ONG, al entender que la norma limita la oferta televisiva y radial para algunos consumidores. De esta manera, suspendió los límites que la norma fija a la acumulación de licencias, frenó el plazo de un año para vender empresas que exceden esos límites y le ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de reglamentar la ley, lo cual le daría alcance nacional a su decisión.

Según contó Thomas, en su presentación judicial no hace referencia a la "filosofía de la ley", sino al "tratamiento irregular que se dio para su aprobación". Y agregó: "A mi criterio su tratamiento es anticonstitucional y antirreglamentario. No ha sido aprobada de manera correcta".

"Deben acatar"

Por su parte, la jueza Pura Arrabal aclaró a Diario UNO que en su fallo no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad o no de la ley. "Lo que he sacado es una medida precautoria que suspende su aplicación mientras se resuelve la cuestión de fondo", informó.

Y manifestó que si bien ahora el Gobierno puede apelar el fallo ante la Cámara Federal de Apelaciones, igual debe acatar la suspensión de la aplicación de la ley.

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