Una jueza citó al diputado Pérez por enriquecimiento ilícito

La decisión fue avalada por la Cámara Penal y la Suprema Corte. La audiencia será mañana en el fuero de 8 y 56. Funcionarios judiciales, entre ellos, un magistrado de Casación, buscan frenar la investigación
La jueza penal de La Plata Carmen Palacios Arias citó a prestar declaración al diputado provincial (FpV), y vicepresidente del Consejo de la Magistratura bonaerense, Raúl Pérez, en el marco de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Pérez fue notificado por la magistrada para que concurra mañana, a las 9, al juzgado de Transición nº 4 de calles 8, 56 y 57.

Fuentes judiciales informaron ayer que el presidente del bloque kirchenerista, a partir de esa audiencia tendrá un plazo de seis días para presentar pruebas de descargo por el delito que se le imputa, donde no pudo justificar con sus ingresos el origen de su patrimonio.

Según se indicó de las tres pericias contables que se realizaron en el expediente, dos fueron desfavorables para Pérez: las efectuadas por contadores de la Asesoría Pericial de la Suprema Corte. La tercera pericia fue a pedido de la defensa del diputado, con un perito de parte.

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura aspira a integrar la lista de candidatos K para las próximas elecciones, con el fin de ampararse en sus fueros, en caso de que se agrave aún más su situación en la Justicia.

La causa penal seguida al diputado comenzó en 1997, cuando era un concejal de La Plata. Las actuaciones pasaron por varios jueces hasta que, en 2004, la doctora Palacios Arias citó a Pérez para que demuestre si es que tiene las pruebas, su eventual inocencia en el delito de enriquecimiento ilícito.

A partir de allí, el expediente transitó una serie de apelaciones, hasta que hace dos meses la Suprema Corte bonaerense confirmó todo lo actuado por la magistrada y por la Sala IV de la Cámara platense.

Sin embargo, la semana pasada, cuando el voluminoso expediente -que ya lleva once cuerpos- llegó de la Corte a las manos de la magistrada, y ésta volvió a disponer aquella citación frenada por la defensa del diputado en 2004, comenzaron a sucederse una serie de inexplicables maniobras, ya no sólo por parte de la defensa, sino, y lo que es más lamentable, incluyendo a otros magistrados tanto del fuero platense como de la Provincia.

Fuentes judiciales señalaron que ni bien la Suprema Corte falló en contra de Pérez, el legislador contrató a un nuevo abogado. Se trata de Leandro Javier Brizuela y, según dicen, con sólidos contactos políticos.

El primer escrito presentado por el defensor no tiene antecedentes y fue descartado de plano por la magistrada. El abogado pidió que sea un juez de Garantías de La Plata quien debía entender en la causa, y hasta se animó a dar el nombre del magistrado, sin explicar la razón de esa arbitraria elección.

Luego, las mismas fuentes explicaron que la intención es reclamar un intercambio de favores por parte de Pérez con el padrinazgo que habría ejercido desde el Consejo de la Magistratura.

Finalmente, la jueza de Transición Palacios Arias le respondió con un breve informe actuarial a la defensa de Pérez, desestimando

el planteo.

Pero algo más extraño aún ocurrió el miércoles por la noche, horas antes del feriado judicial de Semana Santa. La jueza firmó la citación de Pérez durante la mañana y cerca de las 20.30, cuando ya no había nadie en el fuero, la magistrada recibió un llamado telefónico de un alto magistrado del Tribunal de Casación Penal bonaerense a través del cual le "pedía la causa en forma urgente". ¿El motivo? "La defensa presentó un hábeas corpus", fue la respuesta (ver aparte).

Es que, al parecer, apenas mueve su bolígrafo la magistrada para firmar una resolución -sea en 2004, o en marzo de 2009-, el expediente recibe los embates de distintas instancias -desde un juzgado de Garantías hasta la Casación bonaerense-, con maniobras refrendadas desde sectores políticos oficialistas y amistades ancladas en el riñón judicial.

La notificación de Pérez para su comparendo ante la magistrada ya está cursada. El mismo defensor, al presentar un hábeas corpus ante la Casación, se dio por enterado.

¿Tendrá pruebas el diputado K para demostrar su inocencia o cometerá la bajeza de ampararse en sus fueros, en un cargo, como la vicepresidencia del Consejo de la Magistratura, que tendría que ser ejemplo y no deshonra y vergüenza de jueces, fiscales y especialistas del derecho?

Detrás de escena: operativo salvataje

Cuando se advierten semejantes operativos -incluso con seudas herramientas legales-, para salvar a un encumbrado político, es más fácil entender por qué las cárceles bonaerenses están superpobladas de indigentes y marginales: el delito de guante blanco no se mezcla entre los calabozos.

Ayer, a las 8.10, tras el feriado, el alto magistrado de la Casación se ocupó de que un enviado fuera a buscar el expediente al juzgado de Palacios Arias. Literalmente, le sacó la causa de las manos. Y luego la giró a la Sala III de la Casación, integrada por Víctor Violini y Ricardo Borinsky.

Por ley, la Sala tiene 48 horas para expedirse. Pero, en rigor, la Casación no interviene en causas que tramitan en la denominada Transición (iniciada antes de la reforma procesal de 1998). En este caso, y ante una audiencia notificada al imputado Raúl Pérez, lo está haciendo.

Al cierre del horario judicial, el alto magistrado de ese órgano comentaba ayer entre sus pares que "la semana próxima se iba a dar por culminada la labor de los juzgados de Transición y las causas pasarían a los juzgados de Garantías".

No obstante, contra esa intencional normativa, el Senado bonarense semanas atrás aprobó la prórroga de los órganos de la Transición, y giró a Diputados, para que le dé sanción. Curiosamente, en la Cámara baja, está Pérez, imputado entre esas causas que se intenta hacer desaparecer o desviar a juzgados de Garantías. Esa clase de cambios para que nada pase.

Por fuera de esa contienda política, la Suprema Corte bonaerense dictó una acordada, extendiendo la labor de los juzgados de Transición hasta diciembre de este año.

De una u otra forma, en esa maraña de viejas causas, vapuleadas por el tiempo y oscuros intereses, como la del legislador Pérez -iniciada hace doce años-, se dirimen los plazos y la vida de los expedientes: ayer, calificadas fuentes judiciales dijeron que el objetivo de la Casación es "dormir" el expediente al menos por una semana, burlando las 48 horas del supuesto hábeas corpus interpuesto por la defensa.

Y luego, si no resulta, "planchar" la causa, con alguna resolución de superintendencia. Así, ciertos operadores del sistema de Justicia que luego reclaman independencia de poderes y otras yerbas se dejan vejar y avasallar por poca cosa, por algún favor no correspondido o, peor aún, por algún futuro beneficio prometido.

Comentá la nota