El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios sesionará mañana a las 10 para definir la suspensión definitiva de una jueza de familia del Departamento Judicial de San Isidro, acusada entre otras cosas de mandar a sus empleados a buscar embarazadas en barrios carenciados a cambio de una retribución económica ya que, según ella, numerosos matrimonios acaudalados que viven en los countries de la zona pagarían “convenientemente” por dicha tarea.

Se trata de la magistrada Alejandra Claudia Velázquez, actualmente apartada como titular del Juzgado de Familia Nº 1 de Pilar, quien enfrenta un jury desde el 28 de agosto del año pasado, cuando fue denunciada por las autoridades del Colegio de Abogados de San Isidro.

En la audiencia, según informó la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, a cargo del doctor Ulises Giménez, se va a evaluar si Velázquez será suspendida de manera definitiva, decisión que la dejaría al borde de la destitución. Se aclaró que el jurado ya la apartó en forma preventiva y que la Corte Suprema de Justicia la licenció de manera forzosa.

Los integrantes del jurado serán los diputados Jorge Santiago, Ramiro Gutiérrez, Sandra París y María Elena Torresi, más la senadora Nidia Moirano y los conjueces Jorge Almanza, Andrés Román, Marcos Vilaptana, Héctor Blanco Kuhne y Jorge Morresi.

Cabe destacar que Velázquez ocupó la titularidad del Juzgado de Familia N° 1 en Pilar durante seis años y que fue acusada por graves irregularidades por el Colegio de Abogados de San Isidro, la Procuración y una comisión bicameral de la Legislatura.

Dádivas de familias ricas

A la jueza se la acusa, por ejemplo, por más de 600 expedientes firmados en su juzgado mientras ella se encontraba de viaje, es decir, rubricados en su ausencia. 

También se la señala por faltar al cuidado de los menores cuya guarda estaba a su cargo, no visitarlos y desatenderlos totalmente. 

Lo más grave de todo también apunta precisamente a menores: se habla de profundas irregularidades en cuanto a trámites de adopción, bajo la sospecha de recibir dádivas y regalos a cambio de beneficiar a parejas ricas afincadas en countries de Zona Norte, con hijos entregados de forma exprés.

Fue el particular pedido de la jueza de una lista de espera de padres con nombres y apellidos a un organismo porteño lo que disparó la investigación de la Corte bonaerense y las denuncias en su contra. 

Una fuente cercana al proceso afirmó: “Se aprecia una alteración del sistema de preferencias por orden de tiempo y características en las fechas. También un cambio de registro de orden de chicos en situación de ser adoptados. Aparece gente que en muy pocos meses se llevó un bebé. Además, el caso de dos hermanas que se llevaron bebés para cada una con muy poco tiempo de diferencia. Por otra parte, se habla de regalos y dinero que llegaban al juzgado”.

Sin embargo, lo más escalofriante fue una orden emitida por la jueza Velázquez al personal técnico de su juzgado. En el expediente, se afirma que la jueza habría ofrecido una retribución económica a trabajadoras sociales del cuerpo técnico del tribunal a su cargo, a cambio de que visitaran barrios carenciados de la zona de Pilar para dar con mujeres embarazadas que no pudieran hacer frente a la crianza de sus hijos, ya que numerosos matrimonios acaudalados de los countries de la zona pagarían convenientemente por dicha tarea. 

Hay que aclarar que los empleados del Juzgado afirmaron haberse negado a cumplimentar ese pedido de la jueza.

Intento fallido de renuncia

La jueza Alejandra Velázquez, frente a la catarata de denuncias en su contra y el avance del jury, presentó el mes pasado su renuncia ante la Suprema Corte, en una clara estrategia para evitar ser destituida y quedar sin ningún tipo de ingresos salariales.

Pero el decreto que confirmara su renuncia lo tenía que avalar el Poder Ejecutivo con una firma de la gobernadora María Eugenia Vidal. Como eso nunca ocurrió, mañana la jueza Velázquez podría ser suspendida de manera definitiva y, tras la audiencia de pertinencia de las pruebas, ser sometida al juicio oral y público.

El máximo tribunal provincial ya había ordenado el 31 de marzo pasado el apartamiento preventivo de Velázquez, conforme a lo prescripto en el artículo 29 bis de la Ley 13.661, en el que se indica que “en cualquier estado del proceso anterior a la suspensión, si existieran elementos probatorios que hicieran verosímiles los hechos denunciados y si la naturaleza y gravedad de los mismos tornara inadmisible la permanencia en el ejercicio de la función del denunciado, o si ello pudiera perjudicar o entorpecer irreparablemente la investigación, previa vista al interesado por el término de diez (10) días, el Jurado podrá disponer su apartamiento preventivo del cargo”.

“Una red que vendía adopciones”

Hay que recordar que, a principios de este año, el senador Jorge D’Onofrio había advertido que “en Pilar funcionaba una red que vendía adopciones” y apuntó a que “la jueza Alejandra Velázquez fue beneficiada a título oneroso al otorgar las adopciones”.

“Claramente acá había una red de trata, porque eso también implica supresión de identidades y abuso de una menor que, estando en una situación de vulnerabilidad, es tomada como una mercadería a la que se le busca sacar provecho económico”, señaló el legislador.

En diálogo con este medio, D’Onofrio explicó que “la magistrada se vanagloriaba al señalar que le cambiaba la vida a esos pequeños. Lo que no decía es que la vida se la cambiaba ella misma, ya que cobraba por cada una de las adopciones”. 

“Más aún en el municipio de Pilar -continuó-, que tiene un numeroso sector desprotegido, con mujeres sin ninguna defensa ni cuidado”.

D’Onofrio, de todos modos, expuso que no quiere entrometerse en la investigación penal, pero sí señaló que los elementos podrían determinar que la jueza “quede presa”.