En una misma resolución, el juez federal Daniel Rafecas amplió el procesamiento del ex secretario nacional de Obras Públicas, José López, por enriquecimiento ilícito y denunció al Arzobispado de Mercedes-Luján, al que pertenece el Convento de General Rodríguez donde López intentó esconder bolsos con casi 9 millones de dólares durante la madrugada del 14 de junio.

Luego de realizar una inspección ocular del Convento el 20 de julio pasado, Rafecas encontró correspondencia que acredita el vínculo entre Monseñor Rubén Di Monte y López. Entre otros papeles, había cartas que datan de hasta diez años y documentación que contiene partidas presupuestarias que la Secretaría a cargo de López le mandaba al fallecido arzobispo. Además, secuestró notas de rendición de gastos y convenios entre el clérigo y el Ministerio de Planificación Federal cuando era presidido por Julio de Vido y la Secretaría de Obras Públicas estaba a cargo del ex funcionario detenido.

Según informaron medios nacionales, el juez pidió investigar en detalle tres convenios -por 510 mil, 150 y 80 mil pesos cada uno-, firmados entre 2005 y 2007, para saber cómo llegó ese dinero y si se usó para las obras estipuladas. En esa inspección ocular, Rafecas encontró también documentación sobre otras donaciones que Di Monte recibió de distintas ONG del país y del exterior por un monto de cerca de 1 millón de dólares.

El titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 hizo la denuncia porque el hecho de estar a cargo de las causas por enriquecimiento ilícito contra José López y contra la monja Inés Aparicio, le impide sumar una nueva investigación sobre el convento.

Por otra parte, el magistrado procesó a la esposa de López, Amalia Díaz, como partícipe necesario y a sus dos presuntos testaferros, Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera. Además, elevó el embargo a 220 millones de pesos, al atribuirle como propio el terreno y la costosa casa de Dique Luján, valuada en unos 700 mil dólares, y donde López vivía junto a su esposa desde 2011. El ex funcionario declaró que la casa era alquilada pero el juez sospecha que en realidad era el dueño.

Mientras tanto, sigue la investigación sobre el convento de Nuestra Señora de Fátima ordenada por el propio Arzobispado de Mercedes-Luján. El arzobispo de esa diócesis, Agustín Radrizzani, designó al frente al padre Tom O'Donnell y al cura párroco de la Basílica Nacional, Daniel Blanchoud, que trabajan bajo el derecho canónico.