Un juez podrá cambiar la identidad de una persona

La ley fue sancionada por unanimidad y plantea una serie de pasos a seguir en caso de presentarse la requisitoria de algún testigo vinculado a un caso delictivo y cuyo testimonio sea clave. Esta norma contempla el cambio de identidad, el asilo domiciliario del testigo mientras la Justicia lo considere necesario. Además autoriza al Ministerio de Gobierno a realizar contrataciones directas.
La legislación provincial dio un paso más hacia la actualización del sistema de justicia. Es que ayer, por ley, fue creado el programa de protección para testigos y peritos, en procesos penales, civiles y comerciales, que se activará cuando existiera peligro grave en su persona, su libertad o bienes. La protección se extiende a sus cónyuges o convivientes y familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Esta legislación que ya existe en la Nación, apunta a cubrir un pedido que se venía realizando desde la Justicia hace ya varios meses.

La autora de la iniciativa, la diputada Lucía Sánchez del Bloque Basualdista, aclaró que "respecto a las medidas que se pueden tomar, la más simple sería destinarle la custodia a la persona, pero también se puede cambiarle el domicilio, cambiarle su identidad. Es decir de acuerdo a la gravedad del hecho que se esté investigando y de los datos que va a aportar ese testigo, es la clase de protección que se le va a dar a la persona".

Se aclara que solamente el juez que esté interviniendo en la causa es quien puede ordenar la aplicación del programa al testigo clave. Pero además se da la posibilidad extra de que si existe un testigo del hecho investigado, esa persona puede ofrecerse y para ello en la ley está prevista la creación de una línea telefónica gratuita a los efectos de que haga su ofrecimiento. Pero quien debe autorizar la aplicación del programa es el juez, por decisión propia o a requerimiento del fiscal de la causa.

Cabe aclarar que las actuaciones administrativas que se formen para tramitar el pedido de inclusión en el programa, su resolución y ejecución, tendrán también carácter reservado o secreto y los actos administrativos serán discrecionales, sin necesidad de sustanciación previa. No será admisible recurso administrativo alguno contra dichos actos.

Contrataciones directas

La norma autoriza al Ministerio de Gobierno, como autoridad de aplicación, a que pueda realizar contrataciones directas en los casos que así lo disponga la Justicia.

Por ejemplo si se meritúa que es necesario cambiar de domicilio a una persona, y para evitar que la información confidencial salga a la luz materializando un llamado a licitación como lo establece la Ley de Contabilidad, se podrá contratarse directamente el alquiler de una casa. Esto se hará para darle al testigo un lugar para vivir temporalmente hasta que lo disponga la Justicia de acuerdo al grado de complejidad de la causa y para resguardar la integridad física del testigo.

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