Juez pidió que se publique su patrimonio.

Le solicitó a Giacomino que cuelgue los datos de su evolución económica personal en la página web del municipio.
Como derivación directa de la polémica que desató la negativa del Gobierno provincial a hacer pública la declaración jurada patrimonial del ex gobernador José Manuel de la Sota –y que éste luego canalizó a través de la ONG Poder Ciudadano–, Luis Juez, en su carácter de ex intendente de Córdoba, pidió que la Municipalidad difunda "la totalidad" de su evolución patrimonial entre 2003 y 2007, en que fue funcionario público.

El nombre de Juez quedó también envuelto el pasado miércoles en la polémica cuando la Legislatura Unicameral debatió un proyecto del Frente Cívico para difundir el patrimonio de De la Sota. En la oportunidad, y en medio de los reproches políticos entre el PJ y la oposición, la legisladora Modesta de Stabio (Vecinalismo Independiente) hizo notar que, así como se planteaba esa exigencia hacia el ex gobernador, también era oportuno requerir lo mismo a Juez.

La reacción del ex intendente, claramente interesado en marcar un contraste con De la Sota y la actitud del Gobierno, se conoció ayer: envió a una carta al intendente Daniel Giacomino solicitando que "a la mayor brevedad posible" publique en el sitio Web municipal "todas las declaraciones juradas del suscripto".

"En especial –aclaró– solicito la difusión de las declaraciones juradas confeccionadas al ingreso y egreso de la función pública municipal".

En el caso de la Municipalidad, la información sobre el patrimonio de los funcionarios está regida por la ordenanza N° 11.249, sancionada en 2007, que modificó y amplió los requerimiento de una norma previa. La ordenanza estipula que las declaraciones "tienen carácter público", aunque marca una restricción muy clara al exigir que quien pida la apertura de su contenido debe acreditar "interés legítimo" para acceder al mismo. Esa condición debe ser resuelta por la propia autoridad de aplicación, lo cual, en la práctica se convierte en una barrera para la publicidad de los datos.

En el caso de Juez, el "interés legítimo" está dado por su propia condición de titular de la información contenida en esa declaración. El pedido ingresó al municipio ayer al mediodía y se anticipó que "seguirá los carriles burocráticos habituales" de la administración.

"Se funda la petición en el interés legítimo del suscripto de que los cordobeses en su conjunto puedan tener acceso a la documentación referida, aun sin que medie requisitoria de terceros", precisa Juez en su nota.

El escrito señala, además, que "la conducta de los hombres públicos debe ser escrutada por la ciudadanía en forma permanente, sin invocar artilugios legales que opaquen la transparencia". Ese párrafo alude inequívocamente a la interpretación legal en que se apoyó la Provincia para denegar la difusión del patrimonio de De la Sota, al sostener que cuando éste presentó su declaración todavía no se habían removido de la legislación las limitaciones para la publicación de los datos, lo que ocurrió recién en 2008.

Actualmente, el patrimonio de los funcionarios municipales y también de los ediles está publicado parcialmente, ya que desde Internet se puede acceder sólo a la "carátula" de las declaraciones, que contiene datos personales e importes globales sobre el patrimonio.

Se especula que al comparar las declaraciones anuales que hizo Juez, particularmente la de 2007, saltará un aumento cuantitativo considerable en el patrimonio, porque a partir de ese año se empezó a exigir la valuación de mercado de los bienes y no la fiscal, como ocurría antes.

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