El juez pidió documentación a PAT en la causa por la cesión de terrenos

El abogado Miguel Ibalucía, patrocinante de los socios que formularon el pedido judicial, espera acceder al balance. La Comisión Directiva , que niega las acusaciones, difundiría una solicitada en los medios.
En el marco de la causa que prosigue en el fuero Civil y Comercial, donde se investiga la cesión de terrenos a un veterinario por parte de la Protectora de Animales, lotes que habían sido donados hace 11 años, el juez actuante intimó a la Comisión Directiva actual para que presente documentación referida al balance.

La resolución, que data del pasado 30 de septiembre, ordenó a las actuales autoridades a exhibir el estado del balance, los libros y el listado de consejeros, documentación que aguardan los socios disidentes, que formularan sus dudas a la Justicia , para definir los pasos a seguir, mientras sigue suspendida la asamblea anual ordinaria en la señera ONG, según indicó a LA VOZ el abogado Miguel Ibarlucía.

Gustavo Desiati, presidente de PAT, desmintió a fines de agosto, cuando se destapó el controvertido diferendo, cualquier tipo de estafa en la situación dominial de los terrenos, entuerto del que –en todo caso- deberían dar explicaciones sus antecesores, los que decidieron pagar la mora con el veterinario mediante la cesión de dos lotes propiedad de la institución.

En consonancia con esa postura, Desiati estaría preparando una solicitada que pronto se dará a conocer en los medios gráficos de la ciudad, donde defenderá la “transparencia” del proceso.

De todos modos, consultada por LA VOZ, Elsa Salazar, socia que junto a Ana Gatti de Pedersen encabezan la embestida judicial, dijo estar dispuesta a “sacar la verdad a la luz” sobre ese asunto que ventilara la incertidumbre en torno a las medidas adoptadas por los anteriores directivos.

Cabe recordar que, según los reclamantes, PAT se habría perjudicado con la cesión en una cifra cercana a los 300.000 pesos.

Salazar remarcó asimismo que continúan, por su cuenta, una campaña de reasociación de viejos contribuyentes, los que se habían apartado de la entidad en el último tiempo.

La doctora Virginia Persson, magistrado subrogante del Juzgado Civil y Comercial Nº 2, había suspendido la asamblea “hasta que la comisión directiva entregue a los socios toda la documentación necesaria que tiene por obligación hacerla”, había sostenido Ibarlucía al comienzo del diferendo judicial. Pues bien, todo indica que esos documentos ya obran en poder de la Justicia , y resta que la parte reclamante acceda a la misma.

ESCRITURACION

La denuncia partió por iniciativa de Pedersen y Zalazar, asociados de PAT, quien –adujeron- en abril de este año tomaron conocimiento “que en julio de 2007 la comisión directiva gestionó la escrituración a un tercero de dos terrenos propiedad de la asociación, sin mediar previamente asamblea de asociados aprobando una venta y sin ser el tema incluido en el orden del día de ninguna de las asambleas convocadas hasta el día de la fecha”.

Pedersen y Salazar lo calificaron como “una desagradable sorpresa”, ya que “dicho acto, de quedar firme, afecta los patrimonios y los intereses económicos de la asociación a la cual pertenecemos y a la que hemos apoyado durante años con nuestro trabajo y aporte voluntario”.

Las propiedades en cuestión fueron donadas a PAT en 1997 por Carlos Alberto Blanco y Héctor Marcelo Blanco, a los efectos de escriturar estas propiedades a favor de PAT, al tiempo que los hermanos Blanco “dieron un poder irrevocable por 10 años a dos integrantes de la comisión directiva de ese momento”, detallaron.

“Estas dos personas nunca cumplieron con la voluntad de los donantes, en cambio escrituraron en favor de un tercero de manera totalmente irregular y perjudicial a los intereses sociales”, figura en la acusación.

Después de la presentación de varias cartas documento y habiendo agotado una instancia interna pidiendo explicaciones legales siendo patrocinados por el doctor Miguel Ibarlucia, “hemos decidido peticionar judicialmente en el fuero civil a los efectos de aclarar este tema y determinar la responsabilidad que le cabe a los firmantes integrantes de las comisiones directivas y revisores de cuentas y demás responsables de este acto”.

Sostienen que, con el valor de las propiedades, “hoy la asociación podría contar con una sede propia equipada completamente que nunca pudo tenerla, y que hoy tiene que alquilar, y una camioneta en mejor estado para transportar animales enfermos o accidentados”.

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