El juez Penza condenó a devolver los días descontados pero Gobierno lo va a apelar

El juez Laboral, Guillermo Penza, hizo lugar parcialmente al recuso de amparo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado y condenó al Gobierno provincial a abonar los salarios caídos por paro. Sin embargo desde el Ejecutivo provincial se adelantó que la resolución será apelada por lo cual aún no queda firme la decisión del Magistrado. En su fallo, Penza sostiene que "la huelga es ejercida como respuesta a un incumplimiento imputable al empleador" y que "el pago escalonado en forma sistemática de los haberes y el pago en cuotas de la ayuda escolar, constituyen fuera de toda duda, el incumplimiento de una obligación de origen normativo".
En el resolutorio Penza hizo lugar al amparo presentado por ATE y condenó a la provincia para que "dentro del quinto día de quedar firme la presente, abone los salarios caídos por días de huelga, conforme al alcance establecido en los considerandos, con más los intereses devengados que se calcularán a tasa que resulte promediar la máxima activa con la mínima pasiva que utiliza el Banco Tierra del Fuego".

En un tramo de la sentencia el Juez Laboral señala que "los conflictos de derecho son aquellos que tienen su origen en causas imputables al empleador".

"Ahora bien, de las causas expresadas por la Asociación de Trabajadores del Estado, como desenlace de la adopción de las medidas de acción directa, entre ellas el pago escalonado en forma sistemática de los haberes y el pago en cuotas de la ayuda escolar, constituyen, fuera de toda duda, el incumplimiento de una obligación de origen normativo, que le impone a la controversia el carácter de conflicto colectivo de derecho", señala además.

Respecto del pago de haberes el magistrado señaló que "no estamos frente a una mora ocasional, sino a la implantación de hecho de una práctica ininterrumpida, que se ha prolongado en el tiempo, vislumbrándose la ilegalidad manifiesta en el obrar de la administración".

Si bien Penza dice no desconocer "la delicada situación económica por la que atraviesa la provincia, lo cierto es que no se ha dado un encuadre legal que habilite el pago escalonado de los haberes o el diferido de la ayuda escolar, por lo que cabe calificar el proceder como antijurídico".

Además menciona que la demandada del gremio "no intimó oportunamente el cese de las medidas, no instó los procesos previstos para encausar el conflicto, ni esgrime en autos eximentes para su incumplimiento".

"La voluntad del Ejecutivo ha sido manifestada en varias oportunidades, no se comparte el criterio y se va a apelar ante la Cámara", sostuvo el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu.

"Este tipo de procesos tienen como cabeza al Fiscal de Estado y la orden de la gobernadora es que se apele este fallo", aseguró al respecto.

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