Juez, otra vez en la mira de la Justicia Federal

La expulsión de Romina Picolotti del gobierno de Cristina Kirchner reactivó la investigación judicial por el convenio firmado entre la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el ex intendente de Córdoba por el desvío de 650 mil pesos, para la realización de obras de saneamiento ambiental en la ciudad que nunca se concretaron.
El fiscal federal Guillermo Marijuan avanza por estas horas en la investigación del envío de 650 mil pesos desde el área de Ambiente de la Nación al municipio de Córdoba, durante la administración de Luis Juez.

Una vez más, el principal referente del Frente Cívico se encuentra en la mira de la Justicia Federal por el convenio que firmara en 2006 con la cordobesa Picolotti en el que la Nación comprometía el envío de fondos, que serían destinados al saneamiento del lago del Parque Sarmiento, de la Isla Crisol y de la Isla de los Patos.

Esas obras nunca se realizaron y tampoco se notificó oficialmente cuál fue el destino final que tuvo ese dinero.

Para investigar este convenio y ante la sospecha de supuestos desfalcos realizados en el Área de Ambiente de la Nación en el envío de fondos hacia Córdoba, el año pasado fueron imputados Romina Picolotti y el ex intendente Luis Juez.

Todavía se recuerda la desmentida del asesor letrado municipal Alfredo Viglione Lara, quien intentó en Buenos Aires despegar a Juez de la polémica, subrayando que el ex intendente estaba “siendo investigado, pero no está imputado”. Fue el mismo Marijuan quien lo desmintió.

Ayer se supo que la Justicia Federal sigue investigando a Juez, para determinar si el líder del Frente Cívico desvió los fondos de un subsidio enviado por Picolotti a la Municipalidad de Córdoba para el pago de dos consultorías, realizadas por allegados a la ex funcionaria de Ambiente de la Nación.

Los investigadores intentan verificar si estos desvíos se realizaron a través de “ArgenInta” -como reveló LA MAÑANA en su publicación del 10 de agosto de 2007-, una fundación con la que se podrían haber realizado irregulares triangulaciones para “mover” dineros públicos. Esa entidad fue allanada en setiembre pasado por orden de la jueza María Romilda Servini de Cubría.

Los documentos allí secuestrados, que fueron clave para la investigación judicial, junto a otros cuestionamientos como el incumplimiento de la promesa del Saneamiento del Riachuelo, la subejecución presupuestaria para 2008 o el incremento de viajes al exterior con motivos “suntuosos”, fueron determinantes para que la presidenta Cristina Fernández solicitara el martes la renuncia de la secretaria de Ambiente.

La vinculación Picolotti-Juez

A mediados de 2006, Romina Picolotti asesoraba al gobierno de Entre Ríos en el conflicto por las Papeleras junto a Juan Carlos Vega (hoy diputado nacional por la Coalición Cívica) , cuando ambos fueron citados a concurrir a la Casa Rosada por el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

En ese encuentro, donde se informó sobre los avances de la causa ante la Corte de la Haya, irrumpió el presidente Nestor Kirchner, quien mantuvo una larga charla con la que sería semanas después su secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

El desembarco de Picolotti en el área ambiental fue orquestada por Alberto Fernández, y fue justamente el ex poderoso jefe de Gabinete K, el vínculo del gobierno Nacional con el ex intendente Juez.

Por entonces -y aunque hoy reniegue de su pasado-, el líder del Frente Cívico mantenía “relaciones carnales” con el esposo de la actual Presidenta. Y ante la necesidad de recibir fondos frescos para las alicaídas arcas municipales, ante la mera sugerencia, accedió a “cambiar su política ambiental municipal”.

El convenio por los 650 mil pesos con Picolotti ya había sido firmado, cuando Juez viajó a Buenos Aires en agosto de 2006 para tratar controvertidos temas en una audiencia oficial de la cual curiosamente no había sido invitada a participar su directora de Gestión Ambiental, Diana Raab.

La agenda del encuentro comprendía la deposición final del insecticida prohibido DDT acopiado en un predio del SENASA, la “mudanza” de Dioxitec (perteneciente a la CNEA) del barrio Alta Córdoba y la planta de Saneamiento de Bajo Grande.

El ex intendente volvió de Buenos Aires con un acuerdo político: relevar a Raab de la dirección de Gestión Ambiental, elevar la dirección a Secretaría de Ambiente y designar en los cargos más altos a tres técnicos provenientes del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) que fundó Picolotti en 1999: Victor Ricco, Pablo Ibáñez y Andrés Tissera.

Siguiendo el estilo utilizado en la Nación, la cartera de Ambiente municipal se colmó de asesores, a tal punto que se alquiló un inmueble en calle 9 de Julio para albergar a tantos colaboradores.

Problemas sin solución

No fueron pocas las críticas para la gestión ambiental en ese último período de la administración municipal de Juez. Los ambientalistas más críticos señalaron que dicha subsecretaría municipal era prácticamente “una sucursal” de Ambiente de la Nación.

“Me dijeron que la administración iba a cambiar la política de gestión ambiental. Ante esto, presenté la renuncia. Se pretendía con la llegada de estos nuevos funcionarios lograr grandes avances. Pero los problemas que tenía la ciudad en materia ambiental siguen hoy sin solución: el DDT continúa en Taym y la CNEA en Alta Córdoba”, reflexionó ayer Diana Raab, al ser consultada por este diario sobre la vinculación Picolotti-Juez.

Pero aún ante la estrecha conexión que estos funcionarios municipales con Piccolotti, el objetivo por el cual se había firmado el controvertido convenio, tampoco fue cumplido.

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