Un juez ordenó pagar bienes que no se sabe si existieron

Un juez ordenó pagar bienes que no se sabe si existieron
Una bodega que ni siquiera figura en el plano agregado en el expediente, veredas y muros de dudosa procedencia y hasta los gastos de la mudanza son algunas de las presuntas irregularidades detectadas en los expedientes civiles vinculados a la investigación judicial por la megacausa de las expropiaciones.
Y están relacionados con el caso del Parque de Mayo, obra que motivó que la provincia expropiara un lote de poco más de 5 hectáreas en noviembre de 1923, que a valores de hoy ascendería a unos 1.000 millones de pesos. A eso hay que sumarle otros 500 millones de pesos en concepto de honorarios. Esos 1.500 millones de pesos, que no han sido pagados porque hay una medida cautelar, forman parte del juicio de expropiación más caro de la historia provincial y encima está la duda de si no fue cancelado en aquella época, pero no hay registros que lo demuestren.

Por las anomalías en este expediente hay un juez en la mira. Se trata de Carlos Macchi, del Juzgado Civil Nº 5, quien podría correr la misma suerte que Rosalba Marún de Sobelvio, del Juzgado Civil Nº 1, quien ya fue denunciada penalmente por su presunta actuación irregular en otro caso de expropiaciones, conocido como el expediente Carbajal. Y que ante la posibilidad de un jury que podía terminar en su destitución, terminó renunciando el jueves tras la comunicación de Anses de que le habían concedido la jubilación con el 82 por ciento móvil. De todos modos, a partir del 1ro. de enero de 2013, cuando opere la renuncia, deberá enfrentar la causa penal.

Este nuevo expediente se inscribe en el escándalo de las expropiaciones, en el que en el Gobierno sospechan que hubo una red delictiva de jueces, abogados y funcionarios que operaban para que el Estado terminara pagando cifras millonarias por los juicios de expropiación. Y que motivo una denuncia penal que motorizó el secretario General de la Gobernador, Walter Lima, por instrucciones del gobernador José Luis Gioja.

Por el caso, incluso el fiscal de la causa amplió la acusación contra once de los sospechosos del caso y abrió una puerta para que terminen presos (ver aparte).

En este nuevo proceso, el abogado que inició el juicio fue Santiago Graffigna, uno de los sospechosos en la investigación judicial que lleva la jueza María Inés Rosellot, del Quinto Juzgado de Instrucción.

En noviembre de 1923 la provincia le expropió a Ventura Morón una bodega, la vivienda familiar y viñas, para que la provincia construyera el principal pulmón de la ciudad, que es el Parque de Mayo. Pero no fue todo el predio sino poco más de 5 hectáreas que ahora están comprendidas entre las calles Urquiza, Félix Aguilar y 25 de Mayo.

El abogado Graffigna inició el proceso de expropiación, como gestor, en abril de 2003 con medidas preliminares y durante 2 años hizo más de 10 presentaciones sin ningún poder. Si bien la ley le permite a un gestor actuar durante 40 días hábiles, el juez Macchi le permitió gestionar durante 2 años. Es porque recién el 21 de marzo de 2005, y luego de realizar una investigación que le habría permitido determinar que no había documentación que demostrara el pago de los terrenos, adjuntara los poderes de los herederos para poder continuar el juicio. Entre esos poderes consiguió el de María Susana Lobbe, la viuda de Ventura Morón.

Tras los trámites, obtuvo una sentencia favorable en el Quinto Juzgado Civil el 8 de noviembre del 2007. Los bienes expropiados, entre ellos la casa, la bodega, viñas, el terreno, ascendían a casi 15 millones de pesos.

Las sospechas que surgen de la investigación son que el juez Macchi permitió que Graffigna actuara como gestor, cuando la ley lo prohibe, durante 2 años, permitió maniobras encaminadas a dejar afuera del trámite al Tribunal de Tasaciones de la provincia y permitió la acumulación de intereses y actualizaciones hasta llegar a la cifra de los 1.500 millones de pesos. De todos modos el juicio nunca se pagó porque hay una medida cautelar.

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