Juez ordenó cerrar trámite sobre publicidad oficial sin que el Gobierno informe.

Sin haber conseguido que el gobierno provincial cumpla con sus disposiciones, el juez en lo Civil y Comercial de 2º Nominación, Sergio Miguel David, dió por concluido el trámite de las diligencias preparatorias promovidas por Nuevo Diario con el fin de que los tres Poderes del Estado informaran sobre la publicidad y propaganda oficial pautada desde enero de 2003 a febrero de 2007.
El pedido también iba dirigido a la empresa Horizontes SA, editora del diario El Tribuno y principal beneficiaria de estos avisos.

El pedido de Nuevo Diario, motivado en la necesidad de saber cuánta publicidad se había pautado y los criterios utilizados con el fin de determinar si había sido discriminado, fue presentado en febrero de 2007 y en un primer momento el magistrado hizo lugar a la solicitud. El Poder Judicial y el Poder Legislativo respondieron a la requisitoria. Horizontes SA se negó afirmando que con ello una rival comercial pretendía conocer sus estados contables (como si el ingreso por publicidad oficial fuera el único que la empresa tiene) y el Gobierno realizó una serie de maniobras para no cumplir con la orden.

Finalmente, tras dos años de idas y vueltas, y sin que el juez hiciera lugar a un pedido de Nuevo Diario, representado por el abogado Pedro García Castiella, para que se aplicaran astreitentes (multas diarias), decidió declarar "agotados y concluidos los trámites procesales". Para el juez, es suficiente la aplicación de una multa de mil pesos, que impuso en agosto del año pasado a los ex secretarios de Prensa Humberto Echechurre, Iván Romero y Rodrigo García, y la remisión de los antecedentes a la Fiscalía Penal de turno para que determine si incurrieron en un delito al no informar, situación que también comprendería al ahora también ex secretario de Prensa, Gonzalo Quilodrán, y al ministro de Gobierno, Antonio Marocco.

La decisión de concluir las diligencias preparatorias fue apelada. García Castiella sostuvo que esta determinación deja a Nuevo Diario "sin la posibilidad de formular otra petición alguna posible, por cuanto el señor juez considera agotado y concluido el trámite" sin que se haya obtenido la información necesaria para decidir si se está en condiciones de presentar un amparo por discriminación, "de allí, la severa afectación constitucional que ello ocasiona".

En la presentación inicial Nuevo Diario había indicado que en este caso las diligencias preparatorias son "imprescindibles a los fines de contar con la información suficiente que permita establecer los parámetros y datos indispensables, con los cuales poder exigir el respeto de la libertad de prensa por medio de amparo judicial".

Es que este medio no recibió un trato igualitario, dado que a pesar de tratarse de un diario, de su tirada diaria y del hecho que también se publica en Internet, prácticamente no recibió avizaje oficial entre 2003 y 2007.

García Castiella añadió que con su decisión el juez "se está privando y cercenando nada menos que el derecho a interponer la acción de amparo" y, dado que está a la vista la imposibilidad del juez de hacer que el Gobierno cumpla una orden del Poder Judicial, consideró que "se torna indispensable entonces dotar de realidad y eficacia" la previsión del artículo 151 de la Constitución Provincial, que bajo el título "Independencia", sostiene: "El Poder Judicial, para afirmar y mantener la inviolabilidad de su independencia orgánica y funcional, tiene todo el imperio necesario".

En este contexto, entendió que "el Poder Judicial, a pesar de encontrarse dotado de todo el imperium necesario para hacer respetar su determinaciones, está pretendiendo `abdicar` o renunciar a sus fines y funcionalidad, cual es nada menos que impartir justicia".

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