Corregido, quien fue designado en julio como titular de la Defensoría, tildó de “corruptitos políticos” a los diputados por el intento de copar con sus punteros y parientes al nuevo organismo. Ante el escándalo, el gobierno vetó la decisión de los legisladores, pero éstos, en represalia por los dichos de Corregido, analizan la posibilidad de dejar sin efecto la designación del funcionario.

Frente a esa perspectiva, el defensor designado recurrió a la justicia y presentó un amparo ante el Juzgado Civil y Comercial 21, de Resistencia, el que dictó una medida cautelar por la que se intima a los diputados y al Poder Ejecutivo a que arbitren los medios necesarios para que la Defensoría del Pueblo comience a funcionar.

Maraña política

La decisión tribunalicia, suscripta por el juez Julián Fernando Benito Flores, agrega un ingrediente más a la maraña política que terminó bloqueando el arranque de la Defensoría del Pueblo, un instituto establecido por la Constitución Provincial a partir de la reforma de 1994 pero que los diputados recién este año pusieron a tiro de comenzar a trabajar, ya que en julio pasado designaron a Corregido como defensor titular y a Daniel Illia como adjunto.

Ese trámite parecía dejar todo listo como para terminar con los 17 años de espera, pero sin embargo en noviembre los legisladores cayeron en la tentación y sorpresivamente designaron por su cuenta a quienes serían los colaboradores de Corregido. Para ello, votaron una ley que fijaba una planta de personal en la que brillaban parientes y amigos de los diputados.

Cuando la jugaba se convirtió en bochorno y Corregido descalificó a los legisladores, éstos comenzaron a planear una revancha que como meta más elevada prevé dejar sin efecto las designaciones de Corregido e Illia, pero que también considera como alternativa la posibilidad de dilatar todo lo posible la conformación del nuevo organismo.

Corregido –con el patrocinio del abogado Roberto Mena- advirtió de todo ello en su presentación al juez Flores, quien como cautelar decidió intimar a la Legislatura y al Ejecutivo para que libere el camino rumbo a la puesta en marcha de la Defensoría.