Un tribunal de Resistencia hizo lugar a una presentación efectuada por Gustavo Corregido y libró una medida cautelar mediante la cual ordena a la Cámara de Diputados que no demore más la puesta en marcha de la Defensoría del Pueblo, instituto que quedó en el limbo luego de que los legisladores intentaran poner allí a amigos y familiares como personal estable.
Frente a esa perspectiva, el defensor designado recurrió a la justicia y presentó un amparo ante el Juzgado Civil y Comercial 21, de Resistencia, el que dictó una medida cautelar por la que se intima a los diputados y al Poder Ejecutivo a que arbitren los medios necesarios para que la Defensoría del Pueblo comience a funcionar.
Maraña política
La decisión tribunalicia, suscripta por el juez Julián Fernando Benito Flores, agrega un ingrediente más a la maraña política que terminó bloqueando el arranque de la Defensoría del Pueblo, un instituto establecido por la Constitución Provincial a partir de la reforma de 1994 pero que los diputados recién este año pusieron a tiro de comenzar a trabajar, ya que en julio pasado designaron a Corregido como defensor titular y a Daniel Illia como adjunto.
Ese trámite parecía dejar todo listo como para terminar con los 17 años de espera, pero sin embargo en noviembre los legisladores cayeron en la tentación y sorpresivamente designaron por su cuenta a quienes serían los colaboradores de Corregido. Para ello, votaron una ley que fijaba una planta de personal en la que brillaban parientes y amigos de los diputados.
Cuando la jugaba se convirtió en bochorno y Corregido descalificó a los legisladores, éstos comenzaron a planear una revancha que como meta más elevada prevé dejar sin efecto las designaciones de Corregido e Illia, pero que también considera como alternativa la posibilidad de dilatar todo lo posible la conformación del nuevo organismo.
Corregido –con el patrocinio del abogado Roberto Mena- advirtió de todo ello en su presentación al juez Flores, quien como cautelar decidió intimar a la Legislatura y al Ejecutivo para que libere el camino rumbo a la puesta en marcha de la Defensoría.
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