Un juez multó a dos funcionarios de Scioli

Descontarán $800 por día al ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, y a su par platense, Juan Crusat.
Un juez ordenó que se le quitaran 800 pesos de su sueldo al ministro de Desarrollo Social bonaerense, Daniel Arroyo, por cada día que demore en solucionar el mal funcionamiento de un parador infantil y juvenil en La Plata que debe tratar y contener a menores en situación de calle. La Justicia multó al funcionario porque no cumplió con un hábeas corpus que hace seis meses le exigió dar "urgente protección y resguardo" a los niños. Además, exigió que se les brinde asistencia médica, psicológica y alimenticia y pidió a la fiscalía de turno que investigue si la presunta negligencia o "anuencia administrativa" de las autoridades constituye un delito. Si en un plazo de 30 días no se cumple la medida, el fallo amenaza con descontarle al gobernador Daniel Scioli 1.600 pesos diarios de su salario.

"Hace seis meses dicté un fallo que exponía diversas obligaciones para poner en marcha en materia de menores. Estas obligaciones no fueron cumplidas y por eso impuse esta medida cautelar. No cumplir una orden judicial es un delito", le dijo a Crítica de la Argentina el juez del fuero Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federico Arias. Además de exigir la asistencia adecuada de los menores, en el fallo ordenó que se brinde asistencia hospitalaria las 24 horas y se habilite una línea gratuita de asistencia porque la que hay en la actualidad no funciona. También pidió dos autos para trasladar en caso de emergencia a los chicos y "la amplia difusión en los medios de comunicación de los principios, derechos y garantías de la niñez y la adolescencia, consagrados en el artículo 17 de la Convención de los Derechos del Niño".

"Los menores estaban desamparados y el parador no funcionaba. Sus derechos estaban vulnerados. No sé si tocarle el bolsillo a un funcionario mejorará la situación, pero la medida del juez ratifica lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Las medidas de protección no se estaban cumpliendo", afirmó Alberto Mendoza, de la Asociación Miguel Bru, que junto a la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez presentó un recurso de amparo contra los ministerios de Salud y Desarrollo Social y la Municipalidad de La Plata.

El 10 de noviembre de 2008, Arias hizo lugar a esa presentación basada en un parador situado en las calles 72 y 116 de La Plata que no cumplía con las condiciones básicas. Según la denuncia, se pidió el alojamiento de un grupo de niños pero "el lugar no reunía las características previstas en la medida cautelar porque contaba con escaso personal y carece de profesionales que puedan brindar asistencia terapéutica, talleristas, asistentes sociales, asistencia médica y operadores con experiencia en tratamientos de adicciones".

El juez Arias entendió que ninguna de esas exigencias fue concretada y por eso ordenó multar a Arroyo y al secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata, Juan Pablo Crusat, a quien se le descontarán 200 pesos por día. Las multas, que aún no se efectivizaron porque los funcionarios apelaron, no podrán exceder el 20 por ciento de los salarios. Superado ese tope, los descuentos serán deducidos de los haberes correspondientes a los próximos meses.

"El magistrado se arroga funciones"

"El Poder Ejecutivo provincial no ha incumplido con la asistencia a las personas menores de edad cuyos derechos se pretende proteger a través del amparo. El juez Arias pretende direccionar la política pública arrogándose funciones propias del Poder Ejecutivo provincial y municipal", respondió el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo a través de un comunicado. Además anticipó que apelará la resolución judicial. "Todas las reparticiones respondieron desde sus propias competencias, objetando las pretensiones, dimensionando los hechos en un marco de realidad, demostrando la respuesta que desde los distintos ámbitos se dio a cada uno de los chicos involucrados. Se aclara que los ámbitos demandados han demostrado efectiva asistencia a los niños a través de diversos programas y servicios. Los chicos a los que se hace referencia fueron inmediatamente identificados por ser conocidos y abordados tanto por el servicio local como por el zonal: todos tienen familia y casa en La Plata", explicó Arroyo. De la multa no quiso opinar.

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