Juez de Mercedes intima a reparar la ruta 41

Tras la presentación de un vecino de la ciudad, el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 resolvió esta medida. Deberán reparar baches, y colocar señalización de todo tipo para prevenir el peligro de "la salud y la vida de quienes por allí transiten". Es un fallo, casi ejemplar.
El pasado lunes el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Mercedes falló en una causa iniciada por Hugo Guillermo Oberti, un vecino de la ciudad de San Antonio de Areco que actualmente vive junto a su familia en Mercedes, contra el Estado provincial por las condiciones de la ruta provincial Nº 41. En la sentencia el titular del juzgado, el doctor Luis Laserna, intima a la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires a realizar tareas de mantenimiento, reparación y señalización en el lugar en un plazo de 60 días.

Patrocinado por los doctores Alberto Alejandro Petre y Gilberto Federico Lecot, el vecino en cuestión promovió una demanda contra el Ministerio de Infraestructura y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para que se realicen las obras "necesarias, suficientes y pertinentes relativas al mantenimiento y conservación de la ruta provincial Nº 41, en su trazado comprendido entre los partidos de San Antonio de Areco, San Andrés de Giles y Mercedes".

Por razones laborales y familiares, Oberti viaja casi a diario de una localidad a otra, sufriendo "las consecuencias del mal estado general de la ruta" como es "la existencia de pozos, manchones que no respetan -sea por exceso o por defecto- el nivel anterior de la calzada y no se condicen con una conducción segura, la falta de señalización horizontal y vertical, así como el estado de las banquinas".

Por ello, reclamó el saneamiento del estado actual de la ruta provincial 41, por "resultar un deber y una obligación que la legislación de la materia coloca en cabeza de las autoridades públicas demandadas" y que una vez solucionada esta cuestión "ejecute -también- el conjunto de medidas necesarias y suficientes para que de manera interina, provisoria y sujeta al control de este juzgado, se mejore el estado general de la ruta en el tramo comprendido entre la ruta nacional N° 8 y la ruta nacional N° 5, en lo que respecta a la falta de señalización, a la presencia de pozos y hundimiento de la capa asfáltica".

Atento al pedido y habiendo evaluado el caso, previo pedido de informe a las partes el juez Laserna del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada por lo que la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires deberá ejecutar "en un plazo de 60 días corridos las reparaciones necesarias de pozos, ahuellamientos, y deformaciones de la calzada que por su grado se exhiban como peligrosas al tránsito", además de cumplimentar la colocación de la señales de tránsito que conforme a las leyes de la materia corresponda, la colocación de carteles de advertencia sobre el estado de la ruta y las velocidades máximas que aquel estado admite tanto en días con y sin lluvia.

Por último, solicita que se acerque al Juzgado, en un plazo no mayor a 20 días corridos, un relevamiento pormenorizado de los puntos críticos de la cinta asfáltica que quedaran sujetos a las obras de reparación ordenadas y el cronograma de las mismas.

Un mandato preventivo

Para el juez Laserna, "en el caso, se encuentran directamente en juego derechos de raigambre constitucional. Especialmente, de verificarse las acusadas deficiencias de la carretera de marras, ellas revisten una entidad suficiente para poner en peligro la salud y la vida de quienes por allí transiten" y agrega que "la salud ostenta un valor, una valiosidad, una calidad de bien jurídico colectivo como para reconocerle, atribuirle y garantizarle el derecho a cuantas coberturas -individuales y colectivas- tengan que suministrársele según cada caso, cada momento, cada situación".

Además, el juez resalta que "el Poder Ejecutivo provincial ha puesto de relieve los extremos en que queda comprometido el derecho a la vida y a la salud, en materia de seguridad vial. Así lo estimó, en oportunidad de declarar en el año 2007 la emergencia de la circulación vial en las rutas, caminos, autopistas y semiautopistas provinciales o nacionales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires" por lo que "el mantenimiento y conservación de la ruta resulta un deber jurídico del estado provincial en razón de las expresas disposiciones legales que le imponen aquella obligación de hacer".

Finalmente, el magistrado indicó que con esta medida se alcanza los principios de "la función judicial preventiva del daño". Tales principios materializan el ideal de que "los jueces deben, en la medida de lo posible, actuar antes y no después", explicó y señaló que en este caso se trata de "atacar una situación de riesgo o peligro con el fin de hacer imposible que se produzca un daño, o al menos de evitar, con el mayor grado de probabilidad tal resultado".

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