El juez Garzón se defendió ante la Justicia española

Baltasar Garzón rechazó ayer ante el Tribunal Supremo español haber cometido el delito de prevaricación al declararse competente para investigar los crímenes de la dictadura franquista. Aunque parezca inaudito, el magistrado fue imputado por las denuncias de un casi inexistente sindicato ultraderechista, llamado "Manos Limpias". Y al que se le sumó la asociación católica Libertad e Identidad, descrita por algunos medios como "una organización xenófoba".
La denuncia debería haber sido rechazada, pero los grupúsculos ultramontanos se abrieron paso con sus acusaciones hasta las más altas instancias judiciales y Garzón terminó en el banquillo de los acusados. Así de poderosa es la derecha española en el Poder Judicial.

Las veinte asociaciones de Memoria Histórica -que presentaron la denuncia por 114.266 desapariciones de civiles asesinados durante la Guerra Civil y la represión posterior- apoyaron a Garzón. El juez se negó a contestar las 150 preguntas de los denunciantes y sí respondió las del fiscal. Las próximas acciones de este trámite podrían ser su procesamiento.

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