El juez federal obliga al gobierno provincial a pautar en LU33

El juez federal Pedro Zabala hizo lugar ayer a una medida cautelar solicitada por LU33 Radio Pampeana por una presunta "discriminación en la pauta publicitaria" por parte del Gobierno provincial. La determinación del juzgado federal de Santa Rosa obligará al gobierno a depositar de aquí en adelante y mientras dure la medida la suma de $ 50.000 mensuales a cambio de publicidad en la emisora que desde 1991 permanece en manos privadas.
En aquel momento la concesión por parte del gobierno nacional fue realizada a Carlos Legnani, y ahora desde hace un par de años está en manos de una sociedad anónima cuya cara visible es el empresario mendocino César Catena.

Ayer su hija, Julia Catena, abogada, y Roxana Bailo, coordinadora general y responsable de programación, se notificaron de la resolución del juez que, se estima, le permitirá a la radio zafar de un difícil momento financiero, que llevó incluso a que demorara en varias oportunidades el pago del sueldo a sus trabajadores.

"Hasta ahora cobramos del mes de octubre nada más que la mitad de nuestro salario", se quejó un trabajador que no obstante mostró su satisfacción por la medida cautelar que obligaría al gobierno a estar depositando la semana próxima los primeros 50 mil pesos.

Ya desde enero de 2007 el gobierno provincial dejó de invertir en publicidad en LU 33, y fue muy evidente que las diferencias se profundizaron cuando comenzó la puja entre las huestes de Carlos Verna y las de Rubén Marín, de cara a la interna del justicialismo. La radio resultó aliada del marinismo y ya no hubo pauta para la emisora.

Situación que persiste.

Nada cambió desde que Oscar Mario Jorge asumió en el gobierno provincial. Es más, las diferencias se habrían profundizado cuando desde la radio se impulsó una encuesta para que la gente se expresara en torno al papel que asumió Jorge en la última dictadura militar, recordando que entonces había sido rector de la Universidad Nacional de La Pampa.

En todo este período los más perjudicados fueron los trabajadores de LU 33, que en más de una oportunidad empezaron a cobrar sus sueldos, y también su aguinaldo. en cuotas y con retraso. Una situación que persiste aún hoy.

El empresario que se mostró frente al personal -aunque manifestó no ser el propietario y no figuraría en la razón social- es César Catena. Hubo protestas y manifestaciones públicas de los trabajadores -periodistas, locutores, operadores, etc.- y desde la Dirección de la radio se intentó explicar que la falta de publicidad oficial constituía una discriminación que ponía en riesgo la propia fuente de trabajo.

Ahora la determinación del juez Pedro Zabala le estaría dando aire a la administración de LU 33, y otorga esperanza a los trabajadores que podrían percibir sus haberes en tiempo y forma. Aunque ellos mismos habían dicho en alguna oportunidad -cuando los propietarios argumentaban ser discriminados por la publicidad oficial- que ellos no eran empleados públicos y que la responsabilidad de hacer que la radio fuera rentable era exclusivamente de las autoridades de la emisora.

Ahora el fallo de la Justicia Federal le impone además al gobierno provincial que de detallada cuenta de toda su pauta publicitaria, vinculada con los medios de comunicación de la provincia.

Cabe señalar que por vía separada los directivos de LU 33 llevan adelante un juicio contra el estado provincial por presunta discriminación en la publicidad oficial.

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