Un juez civil de Mercedes anuló el Decreto Provincial de ordenamiento de los bosques nativos

La Justicia hizo lugar a la demanda de la Fundación Iberá contra el Estado de la Provincia de Corrientes, declarando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto 1439/09 dictado por el exgobernador Arturo Colombi.
"Las autoridades correntinas habían actuado en forma apresurada pero ilegal, ahora la justicia puso las cosas en su lugar", señaló la fundación correntina.

Mediante un fallo del Juez Gustavo René Bufill la Justicia Civil de la ciudad de Mercedes declaró la nulidad absoluta del Decreto 1439/09, que pretendía ordenar los bosques nativos de la provincia de Corrientes, declarando su ilegalidad e inconstitucionalidad. "El Juez actuó con absoluta independencia y un profundo apego a la legalidad" declaró la patrocinante de la demanda Dra. María Belén Blanco.

"Es que el gobernador Arturo Colombi había firmado un Decreto inconstitucional, para poder terminar su gestión con la aprobación de ciertos proyectos agrícolas que requerían de permiso de desmontes", explicaron desde la Fundación Iberá. "Sin embargo, es la propia constitución de Corrientes la que señala que la regulación de las leyes de presupuestos mínimos sólo pueden ser realizadas por Ley, y no por la vía del Decreto".

La fundación había advertido de ésta y otras irregularidades en el precipitado proceso de ordenamiento de los bosques nativos de Corrientes, montado en ausencia de un verdadero ejercicio participativo, con mapas completamente injustificables, donde áreas valiosas del bosque del Espinal quedaban sin protección alguna, sospechadamente al servicio de intereses de empresas con expresas intenciones de desmontes.

Fallo ejemplar

El fallo tiene una relevancia fundamental, por la implicancia que podría tener sobre el ejercicio de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Bosques Nativos. "Los juristas de las provincias que aprobaron sus planes de ordenamiento por decreto, deberían analizar cuidadosamente este fallo, así como sus respectivas constituciones provinciales, para revisar si sus decretos son o no legítimos. En el caso de Corrientes, quedó demostrado que no lo era y que las autoridades no habían analizado convenientemente su propia Constitución", señaló el biólogo Aníbal Parera.

Entre las implicancias de la sentencia, se encuentra el desmoronamiento del operativo montado por el propio Arturo Colombi y su Ministro de Producción Alfredo Aún, quienes a pocas horas de abandonar la gestión de gobierno habían firmado otro Decreto, esta vez para aprobar la Represa del Arroyo Ayuí Grande, en las inmediaciones de la misma ciudad correntina de Mercedes. Esta última maniobra también había sido advertida por la Fundación Iberá, exigiendo incluso la impugnación de una Audiencia Pública convocada a los efectos de tramitar dicha aprobación por el titular del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (ICAA) Mario Rujana.

La coartada que vinculaba el (ahora nulo) Decreto de Bosques Nativos con la Represa del Ayuí, quedó al descubierto por la defensoría del Estado, cuando en respuesta al pedido de Amparo señaló que "…La aprobación de proyectos de desmonte recién estaría comenzando a partir del próximo 4 de Diciembre con la Audiencia Pública de Ayuí" (textual).

El juego limpio

Si bien pretendía argumentar la "ausencia de daño", la explicación no hizo más que exponerlo y la explicación indujo al magistrado interviniente a señalar que "El peligro de daño –por reconocimiento expreso del demandado (emisor del decreto cuestionado)– es cierto y concreto y no una indagación meramente especulativa".

Para el presidente de la Fundación Enrique Lacour: "Corrientes se merece un uso sustentable y ordenado de sus riquezas naturales, y en particular de sus bosques nativos. Uno que pueda contar con el consenso y participación de la ciudadanía, y no realizado por funcionarios irresponsables, al servicio de intereses inmediatos".

El caso del ordenamiento de los bosques correntinos, claramente vinculado con el operativo de aprobación de una represa que había sido señalada como "Jurídicamente inaceptable" por el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay, cobra ahora una dimensión mayor, y la escandalosa conducta de los funcionarios provinciales involucrados es puesta bajo la lupa de la Fiscalía Federal de Investigaciones en Materia Ambiental.

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