El juego de las palabras

En un nuevo capítulo de la disputa que mantienen sobre la actividad lúdica en la Provincia, el gobierno bonaerense, responsabilizó sólo a la actividad clandestina como la responsables de los males sociales. La Iglesia siempre hizo referencia a los proyectos oficiales.
El secretario General de la Gobernación, José “Pepe” Scioli, expresó que “el juego acompaña al hombre desde los orígenes de la civilización y causa verdaderos estragos” y consideró que “no encuentro” en la queja de los obispos sobre el juego en el territorio boanerense “ninguna prohibición total del juego legal”.

En una carta personal enviada al obispo de San Isidro, Jorge Casaretto, quien días atrás le envió una misiva tanto a él como a los presidentes de todas las bancadas legislativas, el hombre de mayor confianza del gobernador Daniel Scioli sólo considera que “los estragos” que produce la actividad lúdica sólo se observan cuando “en forma ilegal se utiliza para enriquecer a unos y sumir en la misera material y moral a miles de hombres y mujeres”.

“No encuentro en sus líneas, como en el conocimiento personal de su pensamiento, ninguna insinuación de prohibición total del juego legal. Se trata, pues, de encontrar las mejores soluciones para profundizar el camino de la legalidad y el control, combatiendo sin duda y sin tregua la ilegalidad, que genera aún más legalidad”, dijo el funcionario, quien expresó su particular mirada sobre los dichos de Casaretto, quien en ningún momento realizó una disociación entre el juego privado con el público.

Más aún: el obispo de San Isidro siempre se refirió a la actividad lúdica que Scioli considera como “legal”. Para el prelado, la apertura de nuevas salas de bingos y la instalación de máquinas tragamonedas por sí mismas son dañinas y perjudiciales para las familias bonaerenses.

La contestación oficial del Gobernador, expresada a través de la carta firmada por su hermano, abunda en los inconvenientes sociales, legales y financieros que provoca el juego clandestino pero ratifica, sin decirlo abiertamente, que continuará con su política de ampliación de salas de bingo y con la instalación de máquinas tragamonedas.

Su posición está en la misma línea que la expresada por el gobernador, quien indicó que “unos 15 intendentes me pidieron por estos temas”. Lamentablemente, nunca especificó quiénes habían sido estos jefes comunales.

En la mayoría de sus párrafos, “el hermano Pepe” trató de separar lo legal de lo ilegal a la hora de establecer qué puede causar daño a la sociedad y qué la beneficia. “El juego ilegal mantiene intacto todo el mal que enunciamos y suma nuevos factores de anomia y atomización social”, escribió.

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