Los jueces no tendrán plazo para irse con el 82%

La exigencia planteada originalmente no estará en el decreto reglamentario. El gobierno respondió así a un pedido de los magistrados que querían permanecer en sus funciones.
VIEDMA (AV).- Los magistrados y funcionarios de la Justicia no tendrán plazos para retirarse del Poder aunque dispongan de la edad jubilatoria.

La prevista exigencia de los dos años no figurará en el decreto que reglamentará la puesta en marcha en Río Negro del régimen del 82 por ciento para la Justicia.

Hasta esta semana, el reglamento preveía que el STJ debía acordar con los jueces y funcionarios -que ya cumplen con las condiciones de jubilación- su retiro, pero fijaba un máximo de dos años para cesar en sus funciones. El convenio con Nación es concluyente en la inmediata baja, pero aquella flexibilización se incluía a partir del argumento del STJ sobre que un masivo alejamiento del Poder constituiría un alto riesgo institucional.

La eliminación de los dos años fue una concesión del gobierno al STJ porque sus jueces quieren permanecer en funciones. El resto, según interpretan las fuentes gubernamentales, pretenderá retirarse lo antes posible, a pesar de que no exista cláusula de plazo.

El gobernador Miguel Saiz acordó el martes con Alberto Balladini -designado por el STJ para esa negociación- que el plazo "de hasta dos años" no aparezca en el decreto, liberando así de tiempos, solamente queda supeditado a la referencia general cuando las renuncias operarán a partir de la cobertura de las vacantes. El STJ fundamentó que las complejidades para las designaciones no garantizan que en dos años puedan cumplir con la totalidad de los nombramientos de reemplazos de los 40 magistrados y funcionarios que ya pueden jubilarse.

En realidad, la eliminación de los dos años se planteo a partir de la oposición de Saiz de concederle -directamente- la excepción reclamada por el STJ para que esa exigencia no alcance a los miembros de ese tribunal. Dos de sus integrantes ya están en condiciones de jubilarse: Balladini y Luis Lutz. El punto pretendido y eliminado por Saiz establecía que a los jueces del STJ no les alcanzaba "el consentimiento" fijado en la cláusula octava del convenio donde Río Negro adhiere a la ley N° 24.018 (82 por ciento móvil).

Ese artículo del Convenio -que ratificó la Legislatura- expresa que "en todos los casos, la aceptación de los beneficios" del nuevo régimen "implicará el consentimiento de tramitar la baja cuando se cumpla con los requisitos establecidos".

El decreto reglamentario -que el gobernador firmará en las próximas horas- prevé un tratamiento especial para no resentir el servicio de justicia, fijando que el STJ "coordinará con el funcionario o magistrado que cumplimentara los requisitos establecidos en la Ley Nº 24.018 el momento de hacer efectiva su baja", que se corresponderá con "la cobertura de las vacantes generadas". Se eliminó una frase determinante que establecía que el dicho periodo no "podrá exceder de los dos años".

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