Los jueces no pueden reemplazar a la oposición

Por Adrián Ventura

En días crispados por discursos políticos exacerbados, la Corte Suprema parece atrapada entre un gobierno avasallador y una oposición inerme.

El escenario es claro, pero poco alentador: el Gobierno avanzó contra el campo, se entrometió en la gestión de las empresas, manipuló el Indec, estatizó los goles y, ahora, pretende controlar a los medios privados de comunicación. El Poder Ejecutivo, que ya mostró su sesgo autoritario, ahora pretende transformar la democracia en un feudo totalitario, donde también pueda manipular las ideas.

Por su parte, la oposición no encuentra caminos superadores. En un asunto tan delicado como el proyecto oficial de ley de radiodifusión, los diputados opositores discuten si deben abandonar el recinto a la hora de dar quórum o de la votación (como si eso, más allá del fuerte gesto simbólico, sirviese para frenar la aprobación de la ley) o si conviene entrar de lleno en el debate, como inesperadamente lo plantearon el gobernador santafecino, Hermes Binner, y la diputada de origen radical Margarita Stolbizer. La desorientación se apoderó del Congreso, amén de algunos líderes políticos que, a pesar de la gravedad del tema, enmudecieron.

En ese cuadro, algunos políticos miran a la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti. E incluso hicieron llegar esta inquietud a los jueces supremos. ¿Puede la Corte marcarle el paso a un gobierno desbocado?

En la Justicia prefieren mirar estos acontecimientos desde afuera. "La Corte no puede asumir el rol de la oposición. Son la oposición, los partidos y el Congreso los que deben aprender a armar una política alternativa", se escuchó afirmar a uno de los magistrados.

No hay de parte de la Corte complicidad con las políticas oficiales. Más bien hay malestar, por ejemplo, por los alcances que puedan tener los proyectos más urticantes, como el de radiodifusión.

Hace una semana, incluso, cuando el tema de la ley de medios ya había recrudecido, la Corte envió una señal adversa al Gobierno: aprobó (homologó) el acuerdo preventivo de acreedores que Cablevisión, una empresa del Grupo Clarín, celebró exitosamente para refinanciar la deuda. El tribunal despejó cizaña de un terreno sobre el cual el Gobierno siembra discordia, en el mercado de medios y, también, en las telecomunicaciones.

Es cierto que se puede esperar que la Corte asuma un papel más protagónico, aunque las pocas causas que tiene sobre legislación delegada, decretos de necesidad y urgencia y Consejo de la Magistratura no parecen tener la envergadura jurídica y política necesaria para armar una sentencia. Si esas causas llegasen a existir, sería una grave negligencia del máximo tribunal no aprovechar la oportunidad para mostrar los límites de un Estado de Derecho.

Pero fuera de cualquier caso judicial particular es fundamentalmente una responsabilidad ineludible y primaria de la oposición intentar erigirse como alternativa creíble y superadora.

Mientras tanto, el país se acerca al borde del mayor abismo autoritario de los últimos 25 años.

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