"Los jueces, el oficialismo y la oposición quieren controlar el Consejo"

Luego de las elecciones legislativas del 28 de junio, el debate por el funcionamiento y la estructura del Consejo de la Magistratura se ha reinstalado impulsado por la oposición, y minimizado por el Oficialismo.
En diálogo con Ambito.com, Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal considera que en torno a este tema "lo que veo es una histeriqueda (sic) muy grande y los únicos que estamos aportando argumentos en serio somos nosotros" y afirma que esta discusión hay que "sacarla del marco político, esta no es una pelea entre el oficialismo y la oposición, es una institución de la Patria que todos juntos tenemos que ver cómo hacerla funcionar y si no funciona habrá que llamar a una reforma constitucional y hacerla desaparecer". En una critica a los distintos sectores enfatiza lo que aparece como una explicación del porqué del debate sobre el Consejo: "Los jueces, el oficialismo y la oposición quieren controlar el Consejo".

P.: ¿Cómo evalúa el funcionamiento del Consejo de la Magistratura desde la reforma de 2006?

J.R.: Tiene los mismos problemas que tenía el anterior, no funciona como esperábamos que funcione. Creo que la reforma, más allá de algunas cosas puntuales, no vino a solucionar nada, embarulló algunas otras y entonces el Consejo demora los tiempos que demoraba el anterior y por ahí más.

P.: ¿Por qué cree que no funciona como esperaban?

J.R.: Hay que remontarse un poco más atrás. Lo que pasa que el Consejo fue importado por la Argentina de Europa, como siempre importamos todo el continente sin importarnos cuáles son los contenidos. La incorporación de legisladores, ya en el año '98 cuando el Consejo empezó a funcionar fue una equivocación. Nosotros consideramos que es preferible que haya representantes del Congreso y no legisladores propiamente dicho, porque es una intromisión de la política en un área técnico-jurídica. Cuando se produce la reforma empieza a haber un componente marcadamente político. Hoy tenemos que son seis representantes del Congreso más la representante del Poder Ejecutivo, siete políticos sobre trece miembros, estamos hablando de una componente del 60%.

P.: ¿Cuál debiera ser la estructura del Consejo?

J.R.: Nosotros creemos que lo ideal sería ir a una gran reforma consensuada, en donde los estamentos estemos representados de manera igualitaria. Estamos dando como ejemplo el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires, en donde hay tres representantes desde la política que los elige la Legislatura, tres representantes de los jueces de la Ciudad y tres representantes de los abogados. Esto equilibra las fuerzas y nadie tiene derecho a controlar al Consejo. Pasó cuando se eligió al presidente del Consejo, en un acuerdo entre los políticos que forman parte del cuerpo, y se votó al Dr. Bunge cuando nadie esperaba esa designación.

P.: ¿Es posible replicar ese modelo de la Ciudad?

J.R.: Sí, por supuesto. Por ahí no tres, tres y tres, estamos estudiándolo. He mandado a hacer un proyecto de ley del que van a participar los hermanos González Arzac, Alberto García Lema, que es el presidente del Tribunal de Disciplina, que es una especie de padre del Consejo de la Magistratura porque fue el miembro informante en la Constituyente el '94, el consejero de la Magistratura de la Ciudad, Eugenio Cozzi, mi vicepresidente, Laura Cológero, y yo voy a trabajar personalmente, con cual formamos un buen equipo como para hacer un proyecto serio.

P.: El proyecto que están elaborando, ¿qué ejes contempla?

J.R.: Tenemos varias premisas. La primera es que no sean legisladores sino representantes de la Cámaras y que haya partes igualitarias entre abogados, jueces y políticos. Cuando digo esto también la Constitución habla de hombres de ciencia y un representante del Poder Ejecutivo tiene que haber, lo que hay que definir son los números de miembros pero en igual de condiciones entre todas las partes. La segunda medida consideramos que no puede ser presidente del Consejo el presidente de la Corte, y mucho menos por ley. Otro punto que la partida del Poder Judicial la maneje el Consejo y no la Corte, y finalmente que los abogados y todos los miembros del Consejo puedan participar de todas las comisiones con voz y votos.

P.: ¿Cuál es el fundamento del planteo de inconstitucionalidad hecho por el Colegio que ya llegó a la Corte?

J.R.: Nos oponemos a la cantidad de miembros que nos sacaron a nosotros. Nos tienen que devolver los miembros. El único amparo (N. de la R.: el Colegio presentó un amparo en 2006) que se puede tratar en el Corte es el nuestro porque tenemos legitimación activa, porque nosotros planteamos que hemos sido damnificados puntualmente en nuestro estamento.

P.: Desde la oposición y desde los magistrados hay distintos argumentos para cuestionar el funcionamiento del Consejo, ¿cree que sería conveniente unificar un criterio para que el Gobierno acepte dar el debate?

J.R.: Lo que pasa que nosotros estamos en una posición intermedia jurídica, no estamos haciendo partidocracia, estamos tratando al Consejo como una razón de estado, queremos que se optimice como institución de la República que es. Los jueces, el oficialismo y la oposición quieren controlar el Consejo, nosotros no tenemos interés de controlarlo, tenemos el interés de que se elijan a los mejores jueces y que cuando hay que destituir a un juez porque está en causal de destitución no se pierda tiempo.

P.: Usted dice que el Consejo no funciona como debiera, ¿hay jueces que deberían haber sido removidos?

J.R.: Hubo jueces que debieron haber sido removidos y se los pasó a jubilación porque se presentaban, renunciaban y se les daba la jubilación. También considero que el pueblo tiene derecho a enterarse cuando un magistrado a incurrido en mal desempeño o en algún tipo de actividad ilícita. Seguramente con menos de los que hacen falta, pero más de los que quisieran muchos que se limite la remoción.

P.: ¿La demora en el nombramiento de los jueces, también es responsabilidad del Consejo?

J.R.: Creo que eso es más imputable al Congreso y el Ejecutivo que al Consejo en sí mismo. Sé que hay unos cuantos casos de ternas que están esperando los candidatos que el Ejecutivo publique el edicto final y no sale. Pero no hay dudas de que los procedimientos son demasiado engorrosos, hay concursos que duran dos años.

P.: ¿Le consta que haya manipulación en la elección de las ternas?

J.R.: No, no me consta, pero se comenta que sí la hay.

P.: El juez Fayt criticó el funcionamiento del Consejo, ¿cree que la Corte se va a pronunciar sobre este tema?

J.R.: Lo conozco muy bien al juez Fayt, y le tengo un respeto casi reverencial porque es el jurista vivo más importante de la Argentina, pero cuando lo vean pregúntele si debiera existir el Consejo de la Magistratura haber qué les contesta.

P.: ¿Y usted sabe qué responde?

J.R.: Sí, pero pregúntele ustedes

P.: ¿En qué afectó a los abogados haber perdido representatividad en el Consejo?

J.R.: No sólo perdimos eso. Por ejemplo, no estamos en la Comisión de selección, cuando los abogados concurrimos habitualmente para participar en los concursos para la designación de nuevos jueces. El control y la fiscalización que queremos tener es muy importante porque podemos colaborar mucho más con el matriculado nuestro estando en las comisiones y participando activamente. Creo que es un hándicap muy grande con respecto a, por ejemplo, los magistrados que sí están representados y que pueden nombrar con mayor probabilidad a gente que viene de la carrera judicial, que a los que vienen de la profesión. La fiscalización es muy importante porque hace a la transparencia del Consejo. Y la posibilidad de que las minorías nuestras también estén representadas. Calculen que tenemos un solo representante por Capital Federal, entonces la minoría no está representada.

P.: Desde el punto de vista del contralor, la presencia de legisladores, ¿no le da más transparencia al Consejo?

J.R.: No creo. No se puede ser parte de dos poderes. El Consejo de la Magistratura en alguna u otra manera forma parte del poder Judicial. O estoy en el Ejecutivo o estoy en el Judicial, o estoy en el Congreso o estoy en el Consejo de la Magistratura. Esta es una idea nuestra pero que no la tomamos del aire, sino que es la concepción original que se tuvo cuando se creó el organismo. Eran representantes, es decir, se llamaba a una terna de varias personas, se pasaba a votación, se las elegía y esas representaban al Congreso. Se decidió después que debían ser senadores o diputados, a mí no me da seguridad jurídica que sean legisladores.

P. ¿Por qué cree que el Gobierno no quiere abrir el debate sobre el Consejo?

J.R.: Es algo lógico, es una ley que impulsó la Presidente de la Nación cuando era senadora. Quiero suponer que hizo todos los estudios pertinentes con conciencia y considera que su ley es buena. Yo no puedo creer que haya impulsado de la forma que lo hizo una norma que lo hizo, sin habar hecho los análisis pertinentes.

P.: Con el nuevo escenario político, ¿cree que puede haber algún cambio?

J.R.: El nuevo escenario político te indica que hay un Poder Ejecutivo y tenés un Congreso que si la oposición se junta y quiere tratar esta ley, la Presidente si quiera la veta y no se trata hasta el año siguiente porque no hay dos tercios para nadie. Esto es Constitución Nacional lo que estoy aplicando. Entonces la oposición lo que tiene que hacer es convencer al Gobierno y a los diputados oficialistas para que esta ley salga, y esto se hace con argumentos. Lo que veo es una histeriqueda (sic) muy grande y los únicos que estamos aportando argumentos en serio somos nosotros. Veo como los jueces quieren que el presidente de la Corte presida el Consejo, y a mí me parece un disparate. En primer lugar porque considero que nadie puede ser presidente por ley, debe ser elegido entre los pares, cómo una ley va a decir quién tiene que ser el presidente. En segundo lugar, como el presidente de la Corte va a ser el mismo del Consejo cuando son instituciones de la República que muchas veces tienen intereses contrapuestos. Hay que sacarlo del marco político, esta no es una pelea entre el oficialismo y la oposición, es una institución de la Patria que todos juntos tenemos que ver cómo hacerla funcionar y si no funciona habrá que llamar a una reforma constitucional y hacerla desaparecer. Pero no se puede hacer política con esto. Mientras esté en la Constitución hay que respetarlo y optimizarlo, y eso se logra transparentándolo.

P.: ¿Por qué cree que la partida presupuestaria la debe manejar el Consejo?

J.R.: Porque tuvieron una disputa muy grande y finalmente la Corte se quedó con el manejo de la partida del Poder Judicial. Y considero que la Corte debe manejar la partida de la Corte y el Consejo de la Magistratura el resto del presupuesto del Poder Judicial.

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