Dos jueces consideraron que un menor de edad está más seguro encerrado que viviendo en la calle

En un fallo, indicaron que debe seguir encerrado en un instituto porque no tiene contención familiar, sus hermanos viven en la vía pública y, antes de ser encerrado, fue adicto a sustancias tóxicas
Los camaristas Jorge Luis Rimondi y Gustavo Bruzzone, de la Sala I, decidieron que un menor de edad que está internado en el instituto San Martín no puede recuperar su libertad, debido a que corre más riesgo en la calle que dentro de la institución.

Sucede que este niño presenta una condición realmente extrema: no posee contención familiar, sus hermanos viven en la calle, y fue adicto a sustancias tóxicas. De hecho, según apuntaron, "se encuentra desamparado desde hace varios años por carecer de un núcleo familiar; dos de sus hermanos se encuentran también residiendo en la vía pública como lo hizo él hasta su internación, y el grupo de pares que frecuentó en la calle no resulta propicio para su crecimiento personal".

"En ese entorno, consideramos que su situación se vería agravada por el continuo consumo de sustancias tóxicas a las que hizo referencia, sumado a la circunstancia de su ingreso en tres oportunidades anteriores, a diferentes instituciones de las cuales por propia voluntad se retiraba hasta que nuevamente era aprehendido por un nuevo conflicto con la ley penal, y que el propio joven expresó en su momento su deseo de permanecer internado en el instituto", agregaron.

Los jueces, en el fallo, explicaron que "las opciones existentes para el joven cuya situación nos toca tratar son solo dos: el mantenimiento de la internación en el Instituto San Martín, arbitrando todos los medios al alcance de los órganos judiciales para lograr que la autoridad administrativa local logre su alojamiento en un hogar convivencial acorde con su problemática o que vuelva a la situación de calle en la que vivía con anterioridad a su internación, previo un breve paso por el parador Perla Negra".

Además, basados en la ley 26.061, apuntaron que la norma "autoriza a adoptar las medidas de protección integral de los derechos o garantías de los menores ante su amenaza o violación, con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias, tal como ocurrió en el caso del joven", publicó Diario Popular.

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