Jubilados y pobres, víctimas cautivas del negocio de la usura

El caso de la joven desaparecida cuya tarjeta fue usada por un prestamista desnudó otra forma de usura: la retención de haberes como garantía de pago.
El descubrimiento de movimientos en la cuenta bancaria de Sandra Madueño, la mujer que permanece desaparecida desde el 23 de noviembre dejó al desnudo la forma de operar de prestamistas que, directamente, confiscan las tarjetas de débito de beneficiarios de planes sociales y de personas en posesión de tarjetas de débito para extraer su dinero y cobrarse, de esa manera, el empréstito.

Esta maniobra –aseguró el director de Comercio provincial, Efraín Nieva- "constituye lisa y llanamente un delito casi tan grave como la retención del DNI". Sin embargo, pasa y bastante a menudo, pero para que se reprima es necesaria la denuncia del afectado. Es que para llegar hasta ese nivel de inspección por cuenta propia, el Estado se queda sin armas.

Beneficiarios de planes sociales y jubilados son las víctimas más frecuentes de este tipo de usura –que roza el delito- y de la otra, formal y legalizada, que ofrecen las financieras, prestando montos mínimos cuya devolución demanda intereses altísimos. "Plata fácil", "dinero ya", "préstamos en el acto", "sin veraz" son las promesas en efectivo que promocionan las financieras y casas de crédito "a sola firma".

Las consecuencias –muchos lo habrán vivido ya- son reintegros del dinero por montos que duplican y hasta triplican el préstamo original y, en algunos casos, hasta la persistencia de los descuentos cuando se terminó de cancelar la deuda. Lo llamativo es que esas financieras que hacen de la usura su único negocio suelen figurar bajo la figura legal de mutuales y cooperativas, lo que les permite contar con códigos de descuento para recibir automáticamente la cuota debitada de sus deudores.

Por ejemplo, un jubilado con el haber mínimo, para obtener 3.000 pesos en una financiera local, deberá endeudarse por dos años y pagar cuotas de 320 pesos cada una. Al final de los 24 meses, habrá reintegrado 7.680 pesos, un 156% más de lo que le prestaron. "Y eso que aquí no cobramos la cuota social", adviertía el vendedor, remarcando que hay mutuales que, aún con el crédito cancelado, siguen debitando esa cuota del jubilado que se convierte, sin buscarlo, en aportante vitalicio de una cuota social que va a parar a las arcas de la usura. Las casas de electrodomésticos con ventas en largas y cómodas cuotas también terminan encubriendo una relación crediticia con altos intereses.

Mientras la voracidad usurera sigue ensañándose con los más pobres y los excluidos del sistema financiero formal, los controles que realiza la Dirección de Comercio se limitan a evaluar que los comercios den la información completa al tomador del crédito. "Verificamos que el consumidor conozca la tasa de interés del préstamos, la cantidad de cuotas, el precio total financiado, que se le otorgue el doble ejemplar del contrato", enumera Nieva pero admiten que no tienen facultades para cuestionar ni limitar las tasas usureras. "Para eso haría falta una legislación nacional que imponga topes a los intereses de préstamos personales", admite el funcionario.

Si esas son las reglas de juego en los comercios habilitados, no hace falta advertir lo que sucede con los prestamistas que dan dinero ‘sin papeles’ en cuevas financieras que funcionan en bares, casas particulares y demás.

Los controles oficiales se limitan a evaluar que se dé información veraz al cliente.

Armas legales

 La Ley de Defensa del Consumidor es el arma principal de la que se puede valer la Dirección de Comercio para controlar tanto a las financieras como a cualquier otro comercio.

 La usura está encuadrada como delito en el Código Penal y también contemplada por el Código Civil. Pero para que sea penada como tal, la víctima tiene que hacer la denuncia judicial.

 Una ley contra la usura fue aprobada en noviembre de 2007 por los diputados. Desde entonces espera tratamiento en el Senado.

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