Jubilación estatal para el estreno de Evo

Tres días después de iniciar su segundo mandato, La Paz anunció el fin de las AFP, en manos de empresas españolas y suizas desde hace 13 años. La medida está contemplada en la nueva Constitución y aportará 2.200 millones de dólares al Estado.
Bolivia estatizará su sistema privado de pensiones. Así lo anunció el ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, que garantizó la aprobación legislativa del nuevo modelo gracias a la mayoría obtenida por el oficialismo en las últimas elecciones de diciembre. "La Constitución ordena una administración estatal de las pensiones y así será", dijo el ministro al diario paceño La Prensa. En lugar de las Administradoras de Fondos de Pensión (AFP), Bolivia contará en el futuro con una tesorería pública que hará la recepción de aportes y pagará las jubilaciones.

El Estado boliviano tiene desde finales de 1996 contratos con la AFP Previsión, perteneciente al español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), y AFP Futuro, del grupo suizo Zurich Financial Service. Según informes de finales de 2007, ambas entidades controlan más de 2.200 millones de dólares y tienen 1,2 millones de aportantes. Pero la actual Carta Magna, aprobada en febrero de 2009, establece que la administración de las jubilaciones "corresponde al Estado, con control y participación social" y que "los servicios de seguridad pública no podrán ser privatizados ni concesionados". Arce criticó el modelo actual, por considerarlo "un sistema de reparto disfrazado, porque los afiliados pensaban que tenían sus aportes en las AFP, pero estaban en el Tesoro General de la Nación (TGN) para pagar a los jubilados".

En los 13 años de trabajo de las administradoras, el Estado adquirió una deuda de 3.200 millones de dólares con estas entidades. "Hoy les pagamos intereses y cobran comisión por manejar los aportes de los trabajadores sin incurrir en ningún riesgo –se quejó Arce–. ¿Qué tipo de inversiones han hecho? Han ganado bastante sin un mínimo esfuerzo". Sobre el pago de indemnizaciones a las empresas, el ministro se limitó a decir que "las AFP saben que se van a ir".

Arce fue ministro de Economía durante todo el primer mandato de Morales y confirmado para la segunda gestión, iniciada el viernes pasado. Considerado una de las figuras más relevantes del gabinete, ayer también defendió la gestión boliviana de la crisis financiera mundial, que permitió al país crecer 3,7% el año pasado, y la política oficial de nacionalización de los recursos naturales.

"Si no nacionalizábamos los hidrocarburos, hubiéramos tenido la recesión económica de 2001. Ahora hemos demostrado que la izquierda sabe manejar igual o mejor que la derecha las finanzas. Hemos cerrado 2009 con 0,26% de inflación, 0,1% de superávit fiscal y elevadas reservas internacionales", dijo el ministro.

Morales no duda en celebrar el trabajo de Arce en Economía, aunque no pueda hacer lo mismo con todos los integrantes de su gabinete. Ayer mismo tuvo que admitir que "un error" nombrar en la cartera de Minería a Milton Gómez. Al día siguiente de tomar juramento al ministro, Morales conoció que Gómez enfrenta una demanda por malversación de fondos públicos en la Caja Nacional de Salud. "Tendrá que defenderse en la justicia", advirtió Morales.

La calumnia será delito para La Paz

Recordando que "no mentir" es uno de los preceptos de tradición indígena incluido en la nueva Constitución de Bolivia, el presidente Evo Morales justificó ayer su apoyo a una ley que pretende regular el trabajo de la prensa. Los periodistas "hacen escándalo en base a mentiras. Quisiera que la prensa sea otro control social pero con argumentos", dijo Morales.

La nueva ley es una propuesta del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien pretende sancionar como delito la difamación y la calumnia. "Por dignidad hay que empezar a corregir y normar, y que todos nos basemos en las normas", dijo Morales, quien propuso a la prensa que se sume a la defensa oficial "de la madre tierra" y a la lucha de su gobierno "contra el capitalismo".

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