Jubete: "nada de lo que se denunció es cierto"

Jubete:

El empresario se negó a declarar en la causa en la que se investigan irregularidades en la construcción de la obra de claocas del barrio Butaló de Santa Rosa.

 

El dueño de la constructora Jubete había sido citado para la semana pasada pero como estaba de viaje fuera del país, concurrió este miércoles al Juzgado Federal. 

“Nada de lo que se denunció es cierto, lo vamos a probar”, aseguró Jubete a LU33 al salir de la indagatoria.

Con el tramite de este miércoles se cerró la ronda de declaraciones indagatorias a los que aparecen sospechados en la causa. La semana pasada desfilaron y todos eligieron el silencio ante el jueza Federal subrogante, María Gabriela Marrón, el exintendente Luis Larrañaga; el exsecretario de Obras Públicas Daniel Ucciardello; el inspector de obra Adolfo Bruno; el exdirector de la DAGSA Nicolás Echevarría; y el ingeniero de la constructora, Mario Giandón.

Todos están sospechados del delito de defraudación a la administración pública en la obra de cloacas del Butaló realizada durante 2014.

Aunque no hay una calificación del delito que habrían cometido los acusados, en principio podría haber una defraudación a la administración pública. Se les atribuye haber intervenido -según sus cargos y funciones- en distintas etapas de la obra de cloacas del barrio Butaló, dándola por concluida, recibiéndola y pagándola (o cobrándola, en el caso de la empresa), a pesar de que eso no debió ocurrir por las deficiencias que presentaba. La irregularidad más notable es la falta de conexión a los domicilios.

En el pedido de las indagatorias se afirma que las obras no se completaron. El monto original de la obra fue de 2.233.725,80 pesos, de los cuales Nación solamente transfirió en la gestión anterior 223.372 pesos. La obra terminó costando 4.300.000 pesos y fue pagada por la gestión de Larrañaga a la empresa Jubete en su totalidad en 2014 y ahora se detectó que se cobraron cosas que no se hicieron. A valores actuales de la obra, más los daños causados, el monto estimado ronda los 20 millones de pesos.

El exintendente fue -según la prueba que aportó la Municipalidad- quien gestionó los fondos ante el ENOHSA con la presentación de los correspondientes certificados de obra.

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