Eva y Juan

El concejal Juan Domingo Fernández resulta acusado de encubrimiento por la fiscal Andrea Gómez, tras comprobarse que compró un vehículo robado. Encima, quiso zafar endilgando la compra a su hija menor y a su ignorancia completa de las previsiones que rodean una operación de compra. Linda gente.
Hay veces que el lector preferiría no creer lo que lee, pero el compromiso ciudadano implica necesariamente hacerse cargo de manera adulta de la conducta que asumen nuestros vecinos, y aun más, nuestros funcionarios públicos.

Juan Domingo Fernández no solamente será concejal hasta fin de año en esta ciudad, sino que además forma parte de la Comisión de Transporte y Tránsito de la comuna, es decir que se lo supone un funcionario idóneo en los requerimientos para la circulación vehicular que marca la normativa vigente.

Pero hoy la fiscal descubre bajo qué mecanismos ha pretendido salir de la responsabilidad que le atañe, toda vez que fue descubierto por la policía en posesión de un vehículo robado, cuyas patentes habían sido cambiadas, excusándose en una imprevisión absoluta respecto de las comprobaciones básicas de un bien. No sólo eso: se supone que avaló que su hija, auxiliar de limpieza de una escuela de artes y oficios, se echara la culpa para salvarlo. Increíble.

Los hechos fueron los siguientes: a mediados del año anterior, un policía de la DDl local vio un coche Citroën C4 tipo cupé negro, cuyas chapas patentes no eran las que entrega el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. Lo siguió, a la vez que solicitaba por vía radial la pertenencia del dominio. Allí se le comunicó una numeración de chasis que no coincidía en absoluto con la estampada en los cristales. El número allí escrito pertenecía a un Citroën C4 VTS cupé negro con orden de secuestro a requerimiento de una comisaría de La Matanza: había sido robado, y participaba en la investigación la UFI Nº 7 de aquella localidad.

Cuando se procedió a interceptar el vehículo, resultó que el conductor no era otro que el concejal Juan D. Fernández, que no tenía ninguna documentación del coche más que una tarjeta verde cuya numeración no coincidía con el dominio. El Citroën que conducía Fernández había sido robado en La Matanza durante un hecho de violencia, pero igualmente él lo compró, y al pretender desvincularse del hecho dijo que como había estado internado 80 días en la fundación Favaloro, el coche había sido comprado para él como sorpresa por su hija María Eva.

Cuento del tío

Dijo Fernández que la hija le había vendido su coche en $30.000, y que había dispuesto de los ahorros familiares de $20.000 para comprar un coche de $100.000: el saldo se pagaría en cuotas mensuales de $5.000. Sí, la misma hija que trabajaba como auxiliar de limpieza en una escuela.

Ella había declarado oportunamente una historia absolutamente inverosímil, que la fiscal ha justificado sólo como estrategia para proteger a su padre: no es reprochable jurídicamente por estar ella imputada al momento de hacer su versión y por lo tanto disculpada de mentir.

Dijo que había visto el auto en la puerta del banco Credicoop de Batán, que estaba ploteado con la frase "Dueño vende", pero sin más referencias ni número telefónico del titular. Que en ese momento se acercó a ella un hombre que dijo ser el dueño, con quien dialogó brevemente acerca del precio. Dice que al otro día, el mismo hombre estaba esperándola en la puerta del banco, sin referir ni por qué acudió allí nuevamente, ni si no le llamó la atención que el hombre estuviera casualmente allí. El vendedor le refirió a ella que ya había averiguado sobre las condiciones de su padre, y su puesto de concejal, por lo que decidía ofrecerle un plan de cuotas para saldar el monto pendiente de pago, es decir la mitad.

María Eva refirió que la transacción se realizó en su casa, y que el hombre le dio la cédula verde y un boleto de compraventa, en el cual constaba el número de patente del coche que ella verificó. Por supuesto que no coincidía con el número de la cédula verde, pero dice que no se le ocurrió fijarse en ese detalle.

Ella relató que el hombre no había mostrado su documento, y que cuando se retiró se llevó consigo el boleto de compraventa: dijo que "para pagar en el banco". El vendedor habría prometido volver a los pocos días, para traer el boleto anterior, es decir el suscripto con el titular de la tarjeta. Y que el resto de los papeles se los daría cuando le terminaran de pagar. En estas condiciones, y sin siquiera un recibo de puño y letra por el dinero, la hija de Fernández dice haber entregado $50.000 en efectivo.

Dice María Eva que dejó el coche en el patio, tapado con una lona, hasta el retorno de su padre, que cuando lo vio se puso contento, pero que luego se puso nervioso por las condiciones de la compra. Ella relató haber intentado tranquilizarlo, diciéndole que tenía la tarjeta verde: "cuando la vio se quedó un poco más tranquilo", contó. La intranquilidad, dice, volvió cuando transcurridos los diez días, el vendedor no volvió aparecer.

No te creo nada

La fiscal Gómez no duda al determinar que Fernández conocía el origen del rodado que compró, ya que las organizaciones que se dedican a los vehículos llamados "mellizos" trabajan únicamente a pedido: primero confeccionan la documentación y luego roban un vehiculo compatible con ella. En este caso, afirma que el vehiculo fue intencionalmente sacado del ámbito geográfico donde se lo buscaba, ya que aquí los controles policiales son menos rigurosos que en el Conurbano bonaerense.

Además, concluyó que Fernández no desconocía los términos de la operación porque –aunque diga que el coche lo compró su hija- al momento de recibir el regalo, tampoco él prestó atención a los datos de la tarjeta verde, para ver si coincidían con el auto recibido. Dice Gómez que se percató de las diferencias, sí, pero no hizo nada al respecto, porque conocía su origen ilegítimo.

Otro de los datos inequívocos es que, trascurridos los días y los episodios de uso, Fernández ni siquiera había intentado asegurar el coche, ni realizar la correspondiente verificación policial de números de chasis. Y finalmente, al conocer las condiciones irregulares en que supuestamente su hija habría comprado el coche, no acudió a ninguna de las personas hábiles en el rubro – contactos de lo cuales seguramente disponía a partir de su desempeño laboral en la comisión de Transporte y Tránsito del Concejo Deliberante- para tratar de aclarar la situación.

Apremiado por las circunstancias, la fiscal supone que acudió a su hija María Eva para que con su declaración autoincriminatoria lo ayudara a salir del brete, ya que este juzgamiento ocasionaría que Fernández perdiera su banca y sus privilegios. Pero en ningún momento tomó en cuenta que generaría a su hija un conflicto con la Justicia, toda vez que ella se estaba presentando ante la fiscal con una versión falaz e insostenible de los hechos, para desvincular a su padre del delito.

La fiscal opta por sobreseer a María Eva de estas acusaciones, y por determinar que hay pruebas para creer que Fernández padre es responsable del delito de encubrimiento, pues compró él mismo un coche que sabía robado, confiando en que él mismo sería impune. Por eso la fiscal solicita la pena de un año y medio de prisión, más costas del proceso, y no acepta ningún atenuante. Sugiere la realización de un juicio de modalidad abreviado.

Pero si queda alguna duda, en el claro documento dice, para cerrar: "Con este caso se ha puesto al descubierto que quien pone ruidosa publicación a sus medallas puede terminar contando otra vez la misma vieja historia, la historia de la impunidad".

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