SALTA.- Como en la causa del hangar, el ex gobernador repetirá la estrategia y responsabilizará al ex senador Fernando Zamar, y al ex interventor del IPV Rubén Fortuny, por el negociado de La Ciénaga, maniobra que curiosamente no benefició a ninguno de éstos sino a la familia Romero.

Cabe recordar que este miércoles y después de cuatro años de resolver “chicanas” planteadas por su defensa, el ex gobernador finalmente será sometido a indagatoria por el juez de Instrucción en Transición 3, José María Alvarado Solá, quien tiene a cargo la causa penal por La Ciénaga.

En realidad, Romero ya planteó esta hipótesis el 24 de octubre de 2011, cuando su ex defensora Andrea Astudillo Rizzi, presentó un descargo de once fojas realizado por el propio ex gobernador, quien en esta causa está acusado del delito de “ peculado”.

En dicho escrito, al cual tuvo acceso , Juan Carlos Romero desechó la acusación de la fiscal María Inés Loyola y se presumió inocente. Sin embargo en su exposición, el ex gobernador incurrió en serias contradicciones: en un primer apartado se floreó como conductor del gobierno provincial.

Pero al momento de hablar del problema habitacional -asegurando que esta temática era de vital importancia y exigiendo su atención principal como tarea de gobierno-, reconoció que todos los decretos eran el resultado de una gestión previa, de la cual estaba al tanto.

La adquisición de La Ciénaga

Al ahondar sobre la adquisición de las 90 hectáreas de La Ciénaga a partir de un canje de deuda con la firma Import SRL, Romero adujo que la operación era válida. No obstante y de manera contradictoria tomó distancia de esta gestión de su gobierno, al afirmar que el decreto que autorizó esta operación fue firmado por el ex senador Fernando Zamar cuando ejercía funciones de gobernador interino.

Idéntica fórmula repitió luego cuando le tocó referirse a la salida de las tierras de La Ciénaga de la esfera de la provincia. En este caso, Romero adujo que era normal la permuta de terrenos y que todo se hacía en busca de dar una solución al déficit habitacional. Sin embargo al momento de señalar responsabilidad al respecto, endilgó en este caso la culpa de la gestión a Rubén Fortuny, ex interventor del Instituto Provincial de la Vivienda.

Curiosamente en su descargo -después de afirmar una prolija gestión en favor de los salteños-, Romero no explicó cómo fue que no pudo encargarse de que se llevaran adelante la construcción de 1.871 viviendas en las tierras de La Ciénaga.

Cabe indicar aquí que las 90 hectáreas ingresaron al Estado provincial en 1998 y hasta el año 2004 -seis años después- Romero, quien se jacta de haber llevado a cabo una gestión de gobierno eficaz y ágil, no pudo lograr que el IPV pusiera en marcha la construcción de las viviendas.

La venta de La Ciénaga

Al hablar de la venta de La Ciénaga a una sociedad que luego la revendió en la suma de 100 mil pesos a la firma Estancia El Carmen S.A.-presidida por su hijo Juan Esteban Romero-, el ex gobernador adujo que era lo mejor que se podía hacer, ya que consistía mejor beneficio quedarse con un terreno de 11 hectáreas en San Lorenzo, que retener las 90 hectáreas de La Ciénaga donde estaba proyectado construir las 1.871 viviendas.

La explicación tiene sentido si se tiene en cuenta que las tierras de La Ciénaga forman parte de un predio de 800 hectáreas en esa zona, terreno que fue adquirido por dos sociedades ligadas a los Romero: Estancia del Carmen S.A. y Dinarco S.A., en manos de Gilberto Oviedo, ex ministro de la Producción del ex gobernador.

Con el fin de restarle valor a las tierras, Romero en su descargo adujo que el canje de las 90 hectáreas por las 11 hectáreas de San Lorenzo era conveniente considerando a La Ciénaga como una zona inhóspita, sin los servicios básicos y alejada para los salteños, que hoy podrían tener allí su casa.

Con estas afirmaciones, Romero evita deliberadamente quedar expuesto. Los terrenos ubicados en la zona de La Ciénaga, en realidad aumentaron su valuación debido a la autopista de Circunvalación Oeste, construida por él mismo.

Este argumento no hace más que dejar al descubierto su maniobra para quedarse con las 90 hectáreas de La Ciénaga, donde dos sociedades estrechamente ligadas a su familia pretenden instalar un conglomerado de barrios privados.

En síntesis este es el verdadero negocio que llevó a Romero a poner sus ojos en La Ciénaga, valiéndose de sus ex funcionarios y de una compleja trama de sociedades para borrar todo rastro de estos actos de corrupción.