En San Juan hay apoyos, rechazos y muchas dudas

Con posiciones enfrentadas, altos representantes y autoridades sanjuaninas interpretaron unos de los fallos más esperados en Argentina, sin desconocer las dudas que pueda generar esta decisión de la Corte Suprema sobre consumo de marihuana.
Tras admitir que "el problema de la drogadicción no fue tratado debidamente", el juez federal, Leopoldo Rago Gallo, consideró que "han fallado las políticas del Estado, porque no se hacen procesos de prevención a la altura de las circunstancias".

Asimismo explicó que no está establecido explícitamente cuánto es una cantidad mínima de droga para el consumo personal, una de las condiciones consideradas en el fallo. "Eso queda determinado por la investigación de cada caso particular. Cuánto es una cantidad mínima es algo que se establece por criterio de presunción". En cuanto a otro aspecto del fallo, Rago Gallo explicó que el consumo se considera privado "cuando el consumidor no está en contacto con otra persona".

Rago Gallo consideró que "el fallo será fuertemente orientador" para los demás tribunales del país y que su aplicación puede llegar a ser "casi obligatoria" para los jueces de las distintas salas.

En tanto, el jefe de la Policía de San Juan, Miguel González, se manifestó muy preocupado con el fallo, ya que obliga a modificar la estrategia policial frente al consumo de droga en la provincia, al limitar "un accionar clave" de esa fuerza para llegar hasta los distribuidores y, en consecuencia, incautar droga.

"Los procedimientos policiales en la vía pública, donde se requisa a los sospechosos por tenencia de drogas, son el primer escalón para luchar contra el narcotráfico en San Juan", explica González.

Para el jefe policial "habrá que sentarse a conversar con la Justicia, porque en este fallo no están especificado cómo determinar que no hay riesgo para terceros y si no hay evidencia de intención de comercializar la droga".

González también destacó que será muy difícil convencer a un juez para que autorice un allanamiento en un domicilio particular en busca de droga. Frente a esto, dijo que "la policía corre un doble riesgo: hacer un procedimiento que pudiera resultar nulo o que se acuse a los uniformados de excederse de sus funciones, con lo cual puede ser el agente el denunciado".

Para el jefe de la X Agrupación San Juan de Gendarmería, Jorge Alberto Hogalde, este fallo permitirá "enfocarse más en los proveedores y distribuidores de droga. Con esta medida, va a haber una tendencia de profundizar las investigaciones", en vez de condenar a "perejiles", tal como sostenía el actual jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Si bien reconoció que "dos cigarrillos de marihuana" pueden considerarse una cantidad mínima, advirtió que lo mismo "puedan haber proveedores que se dediquen a vender al menudeo esas mismas cantidades".

Tras reconocer que "San Juan es la única provincia de la región con dispositivos para rehabilitación de drogadictos", el ministro sanjuanino de Desarrollo Humano, Daniel Molina consideró que este fallo "va a servir para dejar de mirar al consumidor como un delincuente".

El funcionario se comprometió a "hacer todos los esfuerzos que sean necesarios". Aunque descartó que, con este fallo, "se vayan a llenar los centros de rehabilitación. Existen instituciones privadas. No significa que el Estado vaya a tener que redoblar sus ámbitos para la atención".

Recordando que "San Juan habilitó en un año y medio tres centros de rehabilitación", Molina advirtió que "aquí las responsabilidades deben compartirse entre la familia, la comunidad y el Estado".

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