San José: ratifican la suspensión de Hernández, pero por 45 días

El lunes se cumplirían los plazos y Hernández podría reasumir su cargo. Los concejales ya estarían en conversaciones para evitar su retorno.

La Corte de Justicia de la Provincia confirmó ayer la legalidad de la suspensión de la intendenta de San José, Mónica Hernández, resolviendo así el conflicto de poderes que se había planteado entre el Ejecutivo y el cuerpo legislativo municipal.

En el fallo, sin embargo, acota el período de la separación del cargo de la intendenta, de 60 a 45 días. Si el plazo de la suspensión se comienza a contar desde el 5 de noviembre -día en que efectivamente abandona el cargo-, el 19 próximo ya se estarían cumpliendo los términos y, por tanto, el lunes Hernández estaría en condiciones de ser restituida en sus funciones.

Sin embargo, el retorno al municipio no parece ser tan simple. Por un lado, la intendenta fue imputada de los delitos de malversación de fondos públicos y estafa en concurso real en la causa que la Justicia de Santa María investiga por el destino de los recursos de las regalías mineras. Y está pendiente una indagatoria que, por ahora, está demorada porque el abogado de Hernández recusó al fiscal santamariano y a su secretario (ver aparte).

Por fuera de la vía judicial, trascendió que en el seno del CD se estaban buscando los consensos para evitar el retorno de Hernández bajo dos opciones: la destitución definitiva del cargo o bien una prórroga de la suspensión. Pero para avanzar en esa maniobra hace falta mayorías calificadas que no estaban aseguradas.

Por si acaso, y para abortar posibles maniobras destituyentes, uno de los abogados de Hernández, Jorge Toledo, envió cartas documento a los concejales intimándolos a abstenerse de continuar en esa vía, caso contrario anticipaban una denuncia por desbaratamiento de derechos acordados.

Durante la suspensión de Hernández, el concejal Rosario Marcial tuvo a cargo la conducción del municipio y contrató a un equipo de auditores para controlar las cuentas del municipio y, en particular, los gastos de las regalías mineras. Esas auditorías ya estarían cerrándose.

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