El gigantesco operativo de Seguridad para tu traslado a Jujuy fue en vano. El detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, se sentó frente al fiscal Gustavo Araya, le trajeron los 24 cuerpos del expediente con 200 hojas cada uno, escuchó la imputación en su contra en el marco de una denuncia por defraudación contra la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y se llamó silencio. Es decir, se negó a declarar y no dijo nada. 

López, preso desde el 14 de junio cuando fue detenido arrojando bolsos con millones de dólares a un convento de General Rodríguez, llegó poco después de las 10 de la mañana  a bordo de un avión de Gendarmería Nacional a la provincia de Jujuy para ser notificado por una nueva imputación en su contra.

En medio de un fuerte operativo de seguridad, López partió a las 7.20 desde el predio de Campo de Mayo en un avión especial, luego de haber salida antes de las 6 desde la cárcel de Ezeiza, para presentarse ante el fiscal de Investigación Penal de San Salvador de Jujuy, Gustavo Araya.

Acompañado por una marea de efectivos de Seguridad y una ambulancia del SAME, fue trasladado hasta la sede judicial. La bienvenida no fue la mejor para el ex diputado del Parlasur por Tucuman, que fue expulsado por "falta de decoro" por las denuncias de corrupción en su contra. Hubo carteles duros que lo tenían como protagonista y un marcado rechazo a su llegada Jujuy.

"Cuidado con su bolso, López está cerca", rezaba uno de los carteles que podía leerse a medida que pasaba la extensa caravana de vehículos escoltando al ex secretario de Seguridad K. "López, Milagro Sala, Valijeros K - No se robaron valijas, se robaron el techo de los jujeños", rezaba otro pasacalles.

La fiscalía de la calle Urquiza se blindó ante la llegada de López, que no quiso declarar. Allí se dispuso la presencia de más de 50 gendarmes, y al menos un centenar de efectivos de la policía jujeña. La zona, además, estaba vallada desde temprano en una impresionante puesta en escena. 

López fue imputado por la Justicia de Jujuy en una causa por el supuesto desvío de fondos públicos destinados a miles de viviendas sociales que quedaron inconclusas o directamente sin construir.