Jorge beneficia a las constructoras.

La obra pública en la provincia viene siendo seriamente cuestionada, ya sea por deficiencias o por demoras en su concreción. Una ley pretendía excluir a empresas que no cumplen pero Jorge la rechazó.
El gobernador Oscar Mario Jorge vetó la ley 2467, que preveía la suspensión de aquellas empresas que incumplieran sus contratos con el Estado provincial.

La norma impulsada por el Frepam pretendía la modificación de la ley de Obras Públicas. La idea era que se pudiera excluir transitoriamente del registro de proveedores del Estado a empresas que pudieran caer en una situación económica o financiera delicada, o que incumplieran con sus obligaciones contractuales. Así se impediría que siguieran siendo adjudicatarias de obras".

Cuando la ley, votada por unanimidad en el recinto de la Cámara de Diputados, el miembro informante -entonces el diputado radical Julio Bergués, explicaba que "la exclusión transitoria del registro impediría que las empresas puedan seguir acaparando obras, y que no se tenga que llegar a la situación económica de concurso o quiebra o intervención judicial para impedirse nuevos contratos de obras".

Ahora, ante la decisión de Jorge de vetar la ley, el presidente del bloque del Frepam recordó que esta misma semana Jorge dijo, en una conferencia de prensa, si la intención que se tenía era que "se matara" a las empresas de la construcción que han tenido problemas en la ejecución de obras del Estado.

Advierte Bergués que "ahora esas palabras han tomado importancia, al ver los argumentos utilizados para vetar la Ley 2467 y que denotan que el titular del Poder Ejecutivo pretende tener en sus manos la decisión discrecional de a qué empresas sanciona ante incumplimientos y a cuáles ampara y encubre pese a los incumplimientos".

Unanimidad.

Rememoró que "en base a un proyecto de nuestra autoría y consensuado en la Comisión respectiva, la Legislatura sancionó la norma por la cual se incluía en la Ley de Obras Públicas, como causal objetiva por las cuales se procedía a la suspensión en el Registro Permanente de Licitadores, a las personas o aquellas empresas que tengan demoras en la iniciación, ejecución o terminación de las obras públicas, por motivos imputables a las mismas".

También se argumentaba que cuando debieran presentarse en una nueva licitación debían acreditar, precisamente, que no estaban excluídas o suspendidas de ese registro.

Ahora el gobernador rechazó la ley proponiendo que sea el Poder Ejecutivo quien "según su parecer y según la empresa a sancionar" disponga esa suspensión cuando exista atraso en las obras.

El diputado Bergués no pudo dejar de mencionar, en este punto, a las empresas "Sol Obras", constructora del derruido Polideportivo de Ataliva Roca y de entregar viviendas deficientes; y a Inarco, que tiene a su cargo el megaestadio de Santa Rosa que tiene un importante retraso con motivo del mal cálculo realizado para el techo que debe cubrir el edificio.

Y agregó el legislador: "Con respecto a esta ultima empresa, de las palabras del gobernador surge que no habría ningún problema en continuar adjudicándole distintas obras en la provincia. De haberse promulgado la ley 2467 tal cuál fue sancionada por unanimidad en la Cámara de Diputados, esa empresa debería ser suspendida automáticamente del Registro Permanente de Licitadores hasta tanto termine la obra que se encuentra inconclusa por causales inherentes a la propia empresa".

Basta.

El médico de Arata enfatizó en que "no se puede seguir permitiendo que obras millonarias queden truncas, sin terminar, o suspendidas por largo tiempo, que obreros queden en la calle, que en última instancia sea el Estado quien deba hacerse cargo, y que además de ello, en muchos casos se deba llamar a nuevas licitaciones con nuevos precios, cuando se llega a la situación que la empresa ya no puede hacer nada más".

Analizó que "el sistema actual permite en muchos casos que empresas que no han cumplido, que han cometido errores, o que no se encuentran en situación de solvencia, sigan licitando obras y contratando con el Estado, situación de alto riesgo para este y de injusticia para con quienes cumplen correctamente con las obligaciones contractuales".

Reafirmó que los hechos "son contundentes y reafirman la necesidad de la aplicación de una ley como la vetada por Jorge. No queremos un sistema en que sea el Poder Ejecutivo el que discrecionalmente pueda 'matar' o 'perdonar' a cada empresa por sus 'culpas', porque ello puede generar un sistema de corrupción. Por eso pretendimos un sistema de causales objetivas, en las cuales el Poder Ejecutivo suspenda o excluya a las empresas en falta, cuando se de las causales expresadas en la Ley. Queremos un sistema transparente y el gobernador propone un sistema arbitrario a la medida de empresas que no trabajan como corresponde en las obras públicas", concluyó.

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