El jefe de los fiscales federales destacó la actitud de Pulti

Pidió capacitación constante y una escala salarial superior para la policía, además de admitir que la ley de Seguridad Interior ya contempla los casos excepcionales en los que las fuerzas federales pueden actuar.

Menos de 24 horas después de que el intendente Gustavo Pulti reclamara a la Nación que destine fuerzas federales para combatir la ola de inseguridad que se vive en la ciudad ("la Policía bonaerense está sobrepasada", dijo), el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones Daniel Adler admitió que la ley de Seguridad Interior contempla esa posibilidad y compartió buena parte de los argumentos del jefe comunal sobre este tema.

Pero tras destacar la actitud del jefe comunal al ponerse al frente de los reclamos contra la inseguridad aclaró que "el asunto no se soluciona poniendo a las fuerzas federales en la calle".

"Es importante saber que existe la Ley de Seguridad Interior, que autoriza la intervención de las fuerzas federales en algunos lugares, siempre a partir de la autorización del gobernador de la provincia y con la aprobación del Ministerio del Interior", dijo el jefe de los fiscales federales ante una consulta de LA CAPITAL.

Añadió Adler que las fuerzas federales ya "intervienen en Mar del Plata en el área de investigaciones" y que "también brindan seguridad en ámbitos acotados de competencia". Por caso, la Prefectura tiene a su cargo el puerto y la zona marítima mientras que Gendarmería custodia la estación terrena de Balcarce y la Policía de Seguridad Aeroportuaria custodia el aeropuerto.

Pero en cualquier caso el fiscal general Adler consideró valiosa la actitud asumida por Pulti este miércoles: "Es muy importante que el intendente tome nota de que la seguridad es un problema gravísimo que está viviendo la comunidad y que existe la intención seria del gobierno municipal de participar, pero siempre que se enmarque en una política de Estado y no en una reacción frente a una situación crítica", comentó.

Enseguida volvió a reiterar que consideraba "muy importante esta reacción del intendente de ponerse al frente de la cuestión y peticionar al gobernador", ya que "ha seguido el camino de la ley, ha estado muy atinado".

A renglón seguido, enfocó el tema específico de la situación de la fuerza policial en la ciudad. Consideró que "capacitación constante y buena paga son las dos cuestiones más importantes; hay otras, pero que vienen de la mano con esas dos".

"En lo personal creo que hay que tratar de armar una política seria en materia de seguridad con la interacción de la Nación, la Provincia y la Municipalidad y ver qué es lo que pasa con el funcionamiento de la Policía bonaerense. Hay que tratar de mejorarla porque es la fuerza natural de la jurisdicción y es fundamental tener una política donde el policía sea muy bien pago", subrayó Adler.

"(El sueldo bajo) No es causa excluyente de la inseguridad, pero un policía no puede ganar lo que está ganando", opinó. Según cree, el mejoramiento de esas condiciones "ayudaría a que la gente que ingresa (a la policía) sea mejor seleccionada, que haya competencia para entrar".

Luego criticó que existe una "solapada privatización del sistema de seguridad que lleva a que la puedan disfrutar las personas que tienen más recursos económicos" y consideró "un disparate" pagarles horas extras a los policías para que cuiden a los vecinos. "Eso denota la ausencia del Estado en la cuestión, y la seguridad no es algo a lo que pueda renunciar el Estado", enfatizó el fiscal general.

Pobreza y delito

Adler reconoció que la pobreza expulsa gente del sistema. Pero advirtió que una sociedad muy desarrollada como la de Estados Unidos tiene un índice de criminalidad muy grande en relación a su situación económica. Por lo tanto, "entiendo que el delito es una cuestión más cultural y de distribución del ingreso" y "es muy injusto asociarlo a la pobreza porque mucha gente pobre no delinque".

Por otra parte, consideró que existe un contexto de permanente debate en torno a la posesión domiciliaria de armas en ciudadanos. "Hay dos posturas: la primera, que considera que es riesgoso; y la segunda, que la gente tiene derecho a defenderse así. En lo personal estimo que es un tema muy delicado y que cada persona vive muy conflictivamente en el ámbito de su familia. ¿Qué es lo que se debe hacer? Todo indica que lo ideal es la política de desarme, que aplica el Gobierno nacional", concluyó.

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