Jaque vetó la ley que prohibía nuevos casinos

La decisión oficial de empezar a discutir de nuevo la prohibición abre las puertas a la autorización de nuevas salas.
Basándose en errores formales de redacción, el gobernador Celso Jaque decidió finalmente vetar la ley de Casinos que prohibía la apertura de nuevas salas de juego en todo el territorio provincial.

A pesar de que dejó bien en claro que "comparte el espíritu prohibitivo de la norma" vetada, destacó la necesidad de regular la actividad y se pronunció en favor de atender el problema de la ludopatía (la enfermedad del juego compulsivo que -todo indica- viene creciendo en Mendoza al ritmo de la apertura de salas de juego). Así lo confirmó oficialmente ayer por la tarde el secretario Legal y Técnico, Fernando Simón.

La decisión del Ejecutivo fue comunicada ayer a la Legislatura acompañada por el envío de un nuevo proyecto de ley que mantiene el impedimento legal para la apertura de nuevos casinos, aunque los tiempos que originará una nueva discusión legislativa y una futura promulgación, en la práctica extendieron los plazos estipulados hasta ahora y posibilitarán la admisión de nuevos proyectos antes de que comience a regir el ¡no va más! final a los nuevos casinos.

Esta decisión de empezar a discutir de nuevo la prohibición más adelante abre las puertas a la autorización para la apertura de salas de juego en Guaymallén y San Martín (las dos más complicadas con los plazos), además de las ya autorizadas en Ciudad y Maipú.

Los fundamentos del veto apuntan a la existencia de "vicios de redacción" en dos artículos. En la última parte del artículo primero se hacía referencia a la vigencia de la prohibición "a partir de la sanción" legislativa, cuando debió establecerse "a partir de la promulgación del Ejecutivo".

Éste no es un detalle menor porque en la práctica implica una transferencia de facultades del Ejecutivo al Legislativo, que puede originar serios equívocos, planteos de inconstitucionalidad y reclamos judiciales contra el Estado de parte de particulares interesados en la actividad del juego.

En tanto, la redacción del artículo tres de la norma vetada establecía que el Poder Ejecutivo "deberá" -dice en tono imperativo- "implementar en 30 días la adecuación y el cobro de canon a los casinos privados o concesionados, como así también las modificaciones pertinentes al impuesto a los Ingresos Brutos y el cobro de las tasas de fiscalización".

El término "deberá" fue rechazado en la Casa de Gobierno porque también aparece como un avance del Legislativo sobre el Ejecutivo, al establecerle plazos en su accionar.

El nuevo proyecto de Jaque mantiene una buena parte de la redacción de la norma vetada, modifica los errores de redacción atribuidos a "una mala práctica legislativa" y hasta corrige un error de ortografía (se hablaba de "concesión" -sic- en lugar de concesión), aunque suprime las referencias a cánones, tasas de inspección e Ingresos Brutos a pagar por los casinos privados que estaban contenidas en la ley vetada.

Sí incorpora la formación de una comisión entre el Ejecutivo y el Legislativo para que se pronuncie sobre el problema de la ludopatía y del horario de funcionamiento.

Puja económica

La existencia de una ley de Casinos se seguirá discutiendo en la provincia con un mar de fondo caracterizado por "la guerra de los cinco estrellas", en la que está en juego el reparto de un negocio que mueve en la provincia unos 300 millones de pesos anuales. En medio de esta múltiple cinchada se destaca la existencia de una sorda -pero cruda- "interna" entre poderosos grupos empresarios locales.

También aporta su cuota en el juego de presiones la Unión Personal de Juegos y Casinos -el sindicato que nuclea a los 160 empleados del casino del Estado-, partidario de la menor cantidad de salas competidoras para que los empleados no vean disminuida la parte variable de sus ingresos, que está sujeta a los volúmenes de recaudación.

En más de una oportunidad, la fuerte puja de intereses económicos que caracteriza al sector mostró signos de haber condicionado los tiempos y las marchas (y contramarchas) de los propios poderes del Estado.

Es que en noviembre pasado, la Cámara de Diputados aprobó en una misma sesión dos leyes que prohibían la apertura de nuevas salas de juego pero con diferentes plazos -una por diez años y otra para siempre- en momentos de fuerte presión sobre la Legislatura tanto desde afuera -con una carpa de los empleados del Casino provincial sobre Peatonal Sarmiento- como desde adentro -con lobbies de todo tipo de parte de empresarios e intendentes interesados en el tema.

También en el Poder Judicial aparecieron señales de marchas y contramarchas cuando en octubre pasado la jueza federal Olga Pura Arrabal suscitó todo tipo de interrogantes sobre su competencia, tras una intervención en la que ordenaba al Ejecutivo que no autorizara la apertura del Casino Enjoy del hotel Sheraton, lo que -finalmente- nunca se pudo concretar porque la autorización fue previa a la orden judicial.

Además, en el propio Poder Ejecutivo, el gobernador Jaque -que el mes pasado en San Martín se había pronunciado contrario a la prohibición y partidario de la regulación- terminó enviando ayer a la Legislatura provincial un proyecto que prohíbe la apertura de nuevas salas.

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