Jaque quiere que a los fiscales los elija el pueblo y le llueven las críticas

Jaque quiere que a los fiscales los elija el pueblo y le llueven las críticas
Para concretar la medida se debe modificar la Constitución. La iniciativa maduró el domingo a la noche en la cumbre que perotagonizaron Jaque, los intendentes y dirigentes del PJ. Este diario la adelantó ayer.
Los fiscales son los funcionarios públicos que llevan materialmente la dirección de una investigación penal. Son elegidos a través de un exhaustivo examen judicial y avalados por el Ejecutivo y el Legislativo, pero ahora, Celso Jaque propone que ese mecanismo de selección se modifique y su designación sea a través del voto popular –como pasa con los fiscales de distrito en EEUU– y para eso quiere reformar la Constitución provincial, a través de una enmienda al artículo 150 que podría ser plebiscitada durante las próximas elecciones (cuestión adelantada ayer por El Sol).

Para llegar a esta propuesta en el Ejecutivo analizaron que si el Legislativo tiene en los concejales a sus representantes populares y el Ejecutivo lo hace a través de los intendentes, el Judicial puede utilizar a los fiscales.

Así lo comunicó el vicegobernador Cristian Racconto, quien considera que el magistrado debe acercarse más a la gente para conocer sus problemas y consustanciarse con las causas. Además puede tener poder territorial porque será quien esté en contacto con el intendente y los vecinos, según planean en el Ejecutivo.

Para esto hay que reformar la Constitución, a través de una enmienda al artículo 150 –que fija la selección de magistrados– y que necesita la mitad más uno del padrón para ser aprobada. Se trata de un proceso similar al que hizo Julio Cobos en el 2005 para echar por tierra la indexación salarial de los magistrados.

Pero desde la esfera judicial, el proyecto fue considerado una “aberración”. Algunos de los magistrados, que se excusaron de opinar en público hasta tanto el Ejecutivo no envíe el proyecto, se preguntan quién financiará las campañas de estos magistrados y a qué intereses finalmente responderán los mismos, “y a base de esto se limitará su independencia”. Lo que están diciendo concretamente es qué fiscales responderán a los intereses de determinados grupos económicos, sociales, políticos.

El ex ministro de Seguridad y reconocido abogado penal Juan Carlos Aguinaga fue quien se mostró más reticente a este proyecto y consideró la propuesta oficial como “una verdadera politización de la Justicia y un quiebre institucional sin precedentes”.

El mismo mecanismo es usado en Estados Unidos, reconoció el abogado, pero en la población existe otro nivel de desarrollo intelectual como para participar de la selección. “Por otra parte, llegarían a ser fiscales personas con una capacidad técnica no probada, algo que no sucede hoy según los mecanismos establecidos”, confió el especialista.

“No hay personas suficientemente entrenadas y capacitadas que se pudieran postular”, señaló, pero inmediatamente reconoció que lo más grave es el error conceptual sobre la elección popular de los fiscales, pues eso puede funcionar y funciona en EEUU, que cuenta con un sistema procesal acusatorio puro, sobre la base de la libre disponibilidad, del ejercicio de la acción penal, es decir acusar o no libremente, sometido a lo que en definitiva diga el pueblo, en la revisión posterior del mandato del fiscal. “Nuestro sistema actual es acusatorio, con limitada disponibilidad de la acción por el fiscal”, explicó Aguinaga.

El especialista reconoció que sí puede tener algo de color lo que plantea Ignacio Balcarce, académico cordobés, en el sentido de que al jefe del Ministerio Público, ya sea fiscal general o procurador general, lo elija el pueblo con mandato limitado de años –entre 6 u 8 por ejemplo–, pero que sea sólo el jefe de los fiscales y no todos.

El fiscal (agente fiscal, agente del Ministerio Público, procurador fiscal o promotor fiscal) es el funcionario público (magistrado en algunos países como en Argentina), integrante del Ministerio Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y concretamente las funciones y atribuciones de este, en los casos que conoce. Según los datos oficiales de la página web del Poder Judicial de la Provincia, en Mendoza hay 50 fiscales.

Las diferencias. Celso Jaque propone a fiscales elegidos por el voto popular. Actualmente, estos son elegidos bajo un estricto proceso que está fijado en la Constitución provincial. Alfredo Puebla, secretario del Consejo de la Magistratura, explicó que los aspirantes son primero analizados de manera oral y escrita. Quienes aprueben son considerados postulantes y a partir de sortear un filtro psicológico y físico se les otorga un puntaje que les da un orden de prelación. Cuando hay vacantes, los tres primeros son enviados al Ejecutivo, este selecciona uno y lo envía al Senado para su aprobación, tras haber sorteado el filtro de una audiencia pública. Recién aprobados todos estos pasos, un fiscal es convalidado y es esto, precisamente, lo que Jaque quiere eliminar.

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