Jaque evalúa si llama al plebiscito por la reelección de intendentes

Hace 16 meses el gobernador Celso Jaque (recién electo y aún sin asumir) se pronunció en favor de que “todos los cargos electivos tengan una (sola) reelección”. Se inclinó así por limitar la duración de intendentes y legisladores, y por avalar la reelección para los gobernadores, hasta hoy no permitida por la Constitución.

En ese momento (noviembre de 2007), la Cámara de Diputados acababa de aprobar -luego de dos intentos frustrados- la propuesta de enmienda constitucional al artículo 198 de la Carta Magna para limitar a los jefes comunales a una sola reelección.

Pero actualmente, en el entorno del mandatario mendocino se evalúa si junto a la próxima elección (en junio u octubre) deberá existir un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie por el "Sí" o por el "No" a esta enmienda. Es que algunos de los colaboradores del Gobernador ponen en duda la obligatoriedad de la convocatoria a plebiscito, ya que la ley aprobada por Diputados omite la convocatoria para los próximos comicios.

Este criterio difiere con el de otros colaboradores, que lo consideran obligatorio -aún sin convocatoria incluida en la ley- por lo dispuesto en la propia Constitución. “El tema será resuelto en los próximos días, después que se defina la fecha final del acto electoral, en el Congreso”, dicen en una Casa de Gobierno que se muestra más partidaria de una reforma integral de la Constitución que de enmiendas particulares por artículo.

Mientras tanto, el gobernador Jaque ratificó que -en junio o en octubre- en Mendoza habrá comicios unificados, destacó que los artículos 61 y 128 de la Constitución Provincial le otorgan la atribución exclusiva de convocar a elecciones populares “hasta 30 días antes”, y quitó entidad a la posibilidad de que pudiera prosperar en la Legislatura un proyecto radical -con adhesión del cobismo- para desdoblar los comicios locales de los nacionales.

“La Legislatura no me puede obligar por ley, a lo sumo me puede decir que lo vería con agrado con un proyecto de resolución”, enfatizó al recordar que durante el período extraordinario de sesiones (que dura hasta el 1 de mayo) sólo se pueden tratar proyectos de legisladores ingresados con anterioridad. Jaque ratificó que “por razones prácticas, de economía y de tradición de Mendoza” los comicios serán simultáneos.

La enmienda 198

El 14 de noviembre de 2007, Diputados aprobó la ley que limita la reelección de los intendentes a un solo período (artículo 198), pero con el vicio formal de no incluir en su articulado la convocatoria para los próximos comicios (tal como tienen las cuatro enmiendas anteriores). La norma debe ser avalada en elecciones legislativas -se interpreta que las de 2009-.

Los partidos de la oposición (en ese momento el PJ, la UCR y el PD) que apoyaron el proyecto del oficialismo (en ese momento La Concertación, hoy Confe) cumplieron con la promesa de aprobar la limitación a la reelección de los intendentes, si se votaba después de las elecciones (del 28 de octubre cuando Jaque le ganó a Biffi).

El oficialismo (por entonces cobista) ya había intentado el tratamiento varias veces sin éxito ese año, porque las otras fuerzas políticas temían que la reforma fuera usada “electoralmente” por el gobierno de Julio Cobos en los comicios.

En esta postura estaban los legisladores Guillermo Carmona y Carlos Ciurca, hoy integrantes del gabinete provincial. Ese 14 de noviembre de 2007 los cuarenta diputados que estaban en el recinto legislativo -sin distinción de color político- se inclinaron por limitar el mandato de los intendentes. Es más, el radical Raúl Vicchi y Néstor Piedrafita, del ARI, propusieron que los jefes comunales no pudieran ser reelectos ni por una sola vez.

En esa oportunidad, el justicialista Carlos Bianchinelli ya mostró el interés del PJ en avanzar en una reelección del gobernador. El Senado había aprobado una disposición similar cuatro años antes -en 2003-, por iniciativa del demócrata Marcos Niven. Y en 2005 se aprobó otra enmienda: la del artículo 151 de la Carta Magna, por la cual se eliminó la actualización salarial de los jueces por el índice de inflación.

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