Jaque busca restablecer la relación con la Corte

Esta semana el Ejecutivo envió un emisario a la Legislatura y a intendencias de peso. Y la semana que viene será el turno del Poder Judicial, aunque con otros representantes. El gobierno de Celso Jaque no eludirá a ningún interlocutor en la tarea que ya encara para recomponer relaciones deterioradas tanto en lo interno como en lo externo.
Busca evitar una situación de aislamiento permanente que, tarde o temprano, podría derivar en un peligroso debilitamiento con inevitables consecuencias sobre la gobernabilidad de la provincia.

Esta semana el controvertido secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán, dejó el cuarto piso de la Casa de Gobierno y fue dos veces a la Legislatura para reunirse con diputados y senadores de su partido. Y el jueves, empezó por Maipú la misión de comenzar a cerrar heridas con las comunas que gobierna el justicialismo.

El martes que viene serán el vicegobernador, Cristian Racconto; el ministro de Gobierno, Mario Adaro, y el subsecretario de Justicia, Sebastián Godoy Lemos, los que se trasladarán a Tribunales para reunirse con el presidente de la Suprema Corte, Jorge Nanclares, y otros miembros del alto tribunal.

El encuentro reunirá a los tres poderes, ya que también estarán presentes las autoridades de ambas cámaras legislativas: la senadora Miriam Gallardo y el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús.

"Buscamos definir qué Justicia queremos para los próximos tiempos", afirma una alta fuente del Ejecutivo vinculada a los preparativos del encuentro.

"Reconocemos que el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, es el que más ha trabajado en temas de reforma judicial como la notificación electrónica y el sistema de gestión asociada en los Juzgados Civiles", piropean en la Casa de Gobierno en un "ablande verbal" previo a todas las reuniones en las que se busca llegar a un entendimiento.

Se descuenta que el martes habrá un acuerdo sobre la Ley de Tribunales que elaboró la Asociación de Magistrados. Se estima muy posible que se alcancen coincidencias en la reforma al Código Procesal Laboral que impulsa el Ejecutivo.

Pero no se auguran demasiados avances en torno al paquete de leyes de reforma judicial que envió Jaque a la Legislatura y que apuntan a establecer controles de calidad en el rendimiento de los jueces, a la revalidación de cargos de los magistrados mediante exámenes periódicos; a ponerle un techo a la posibilidad de que los magistrados sigan acumulando ingresos por antigüedad más allá de los 60 años de edad y a suspender la feria de julio a los jueces con atrasos en las causas a su cargo.

Nanclares ha considerado que estos proyectos del Ejecutivo tienen "poco vuelo" y son "inconstitucionales e impracticables". Mientras Cazabán ha respondido que los tres proyectos de ley de reforma judicial que hoy propicia el Ejecutivo son "totalmente viables, absolutamente necesarios y ponen en evidencia la negativa sistemática (en Tribunales) a cualquier tipo de control, no sólo del rendimiento sino también del desempeño judicial" por "un control público, ciudadano".

Por cierto que Cazabán no integrará la delegación del Ejecutivo que se reunirá con la Corte en Tribunales.

El contexto

La reunión del próximo martes a las 17 en el cuarto piso de Tribunales reunirá a autoridades del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial en momentos en los que desde la Casa de las Leyes tanto el oficialismo como la oposición acusan al Ejecutivo del envío de proyectos de ley sin consulta previa y desde la Casa de Gobierno se habla de entorpecimientos legislativos en épocas de emergencia.

Y cuando el Ejecutivo y el Judicial se vienen cruzando acusaciones de "parsimonia" e "intromisión"; de "halcones y palomas" en la Casa de Gobierno y de "jueces reacios y permeables" en Tribunales.

En medio de la cambiante relación entre los poderes que encabezan Jaque y Nanclares, no dejan de aportar ruido las imputaciones de funcionarios y los pedidos de recusación del fiscal que se cruzan en el caso Cadillacs, las largas negociaciones en torno a la jubilación de un tercio de los magistrados del Poder Judicial (ver aparte); los constantes cruces verbales en torno a los proyectos de reforma y la cercana definición en la Suprema Corte de un tema de impacto directo en las finanzas públicas de la Provincia, como el de la antigüedad no abonada hace una década a empleados públicos reclamantes.

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