Jaque analiza con la Rosada reducir a la mitad el rojo de 2009

Jaque analiza con la Rosada reducir a la mitad el rojo de 2009
Mendoza podría posponer el pago a la Nación de los 166 millones de pesos que vencen en lo que queda del año.
El tema fue tratado con el hermetismo habitual que viene rodeando a la figura del gobernador mendocino. Pero Los Andes pudo saber que en el encuentro que ayer mantuvieron en la Casa Rosada el jefe de gabinete Aníbal Fernández y el mandatario provincial Celso Jaque, se analizó una posible refinanciación generalizada de las deudas que mantienen las provincias con la Nación.

Según sea su formato final de implementación, una medida de este tipo podría bajar a Mendoza entre un 40 y un 50 por ciento de su necesidad de financiamiento para este año. Esto sería posible siempre y cuando la Nación mantenga su Programa de Asistencia Financiera (PAF) y decida sumar el beneficio de la renegociación.

Si se dieran ambos beneficios, la Provincia debería salir a buscar un préstamo menor o colocar un bono de entre 134 y 214 millones de pesos, cifras inferiores a las de 300 ó 380 millones de pesos con los que la Casa de Gobierno estima terminar en rojo este año.

Es que -entre agosto y diciembre- el Gobierno provincial debe pagar 166 millones de pesos a la Nación por endeudamientos de distinto origen acumulados en años anteriores y una refinanciación de esos montos ("pateando" la fecha de vencimiento para más adelante) aliviaría las cargas actuales.

También está previsto que Mendoza reciba hasta fin de año 168 millones de pesos por el PAF y en la Casa de Gobierno local cruzan los dedos para que -en el caso de Mendoza- ambos beneficios se sumen en lugar de sustituirse.

Voceros de la Jefatura de Gabinete confirmaron en Buenos Aires que el Gobierno nacional estudia "la posibilidad de prorrogar los vencimientos de deuda de las provincias".

Subrayaron: "Estamos evaluando los números de las jurisdicciones para analizar qué posibilidades hay de aliviarles las deudas".

En los últimos tiempos la Casa Rosada -preocupada por la posible reaparición de las cuasimonedas en algunas provincias- viene estudiando la evolución de los números fiscales de las jurisdicciones provinciales y el crecimiento de sus déficits, que informes privados estiman en un acumulado de 10.000 millones de pesos para este año.

Responsabilidad fiscal

La mayoría de los gobernadores ha presentado ante la Nación alternativas de financiamiento provincial o de atención a sus situaciones financieras. El propio Jaque viene impulsando una serie de modificaciones a la ley de Responsabilidad Fiscal que fue aceptada por el Gobierno nacional, aunque acotada temporalmente en su aplicación hasta fines de 2010.

Todo indica que el proyecto de ley será presentado por el bloque oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación en los próximos días. Allí lo están trabajando en conjunto las diputadas Patricia Fadel (secretaria parlamentaria del bloque), Patricia Vaca Narvaja (vicepresidenta de la Cámara) y Gustavo Marconato (titular de la Comisión de Presupuesto).

La norma establece la suspensión durante 2009 y 2010 de la aplicación de los artículos 10, 12, 19 y 21 de la Ley de Régimen de Responsabilidad Fiscal para permitir tanto al Estado nacional como a las provincias un incremento del gasto público "superior a la tasa de aumento nominal del PBI"; una ejecución de sus presupuestos que no se ajuste al equilibrio hoy exigido "entre los recursos percibidos y los gastos devengados"; una autorización de emisión de deuda "por sobre el 15 por ciento de los recursos corrientes"; que el nuevo endeudamiento "pueda destinarse a gastos corrientes"; la habilitación en el uso de fondos destinados inicialmente a gastos de capital para pago de sueldos, servicios o transferencias y una excepción al Estado Nacional para que no continúe obligado a destinar el 2% de su presupuesto a aumentar su fondo anticíclico fiscal.

Las medidas se estudian en momentos en los que han recrudecido los reclamos de legisladores nacionales de las distintas vertientes de la oposición política, para que mejore el reparto a las provincias de lo recaudado por el impuesto al cheque o para que se ponga punto final a las transferencias de fondos provinciales a la Anses, acordadas hace más de una década y cuando los gobiernos de Santa Fe, San Luis, Córdoba, La Pampa y Formosa han realizado presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reclamo de una mayor coparticipación.

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