Jalit y el IPV denunciados por discriminar a una comunidad

La comunidad aborigen "Organización Pueblo Guaraní", radicó el 14 de abril pasado una denuncia en contra del intendente de Pichanal, Julio Jalit, y las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), por supuesta discriminación e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Así lo indicó el líder de la comunidad, Horacio Javier Rodríguez, al relatar que si bien existen acuerdos para que se hagan viviendas para los guaraníes, las autoridades acusadas no cumplen con los convenios por los que se busca la colaboración entre las partes. Y es que, según indicó en la denuncia, desconocen a las actuales autoridades de esta comunidad.

En un acuerdo que implicaba el traslado de los originarios y la consiguiente construcción de las viviendas que en 2005 se firmó con la Transportadora de Gas del Norte (TGN), se disponía que el gobierno provincial, la Municipalidad de Pichanal y la comunidad debían trabajar en conjunto en el proyecto de la construcción de las viviendas.

Para la realización de esta infraestructura, TGN debía depositar los fondos que a su vez eran administrados por el IPV. De allí que se debía disponer un mecanismo para dar "la participación de la comunidad en la toma de empleo, supervisión de la obra, control en la administración de fondos y designación de las familias beneficiarias".

Si bien el acuerdo se venía cumpliendo, algunos problemas con el en ese entonces presidente de la Comunidad, Gregorio Manuel, provocaron que los integrantes de la comunidad se reunieron en una Asamblea el 28 de octubre del año pasado. En la convocatoria se decidió cambiar a los integrantes de la Comisión Directiva de los guaraníes de Picahanal. Fue en ese cambio que en lugar de Manuel asumió Rodríguez.

Según la denuncia, el cambio fue comunicado e inscripto en la Inspección General de Personas Jurídicas y se obtuvo el certificado en noviembre.

Pero a pesar de ello la Municipalidad y el IPV siguieron tratando con la anterior comisión, reconociendo a Manuel como autoridad. En la denuncia, Rodríguez señaló que los funcionarios seguían en esa actitud alegando que "ellos no estaban notificados del cambio de autoridades ni la asamblea", y a veces, "simplemente no nos atendían".

Sin reconocimiento

Aunque los integrantes de la Comunidad insistieron en ser atendidos, ello no sucedió. Viendo que los funcionarios seguían con estas actitudes, presentaron un escrito el 12 y el 26 de enero para comunicar la nueva constitución de la Comisión. Pero "a pesar de ello ninguno de los organismos del Estado han hecho nada por darnos la participación en los asuntos de las viviendas, sin permitirnos el control debido ni brindándonos información".

Frente a esto es que Rodríguez dispuso en la denuncia que no solo se incumplen los tratados internacionales que protegen a las comunidades incurriendo así en el delito de "discriminación por raza y condición social", sino que además la actitud de los funcionarios implica un claro incumplimiento de funciones de los administradores de la parte pública.

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