Jaldo manejará los fondos para pavimentar calles

La forma de adjudicar y ejecutar las obras públicas fue un tema recurrente ayer en la Legislatura. En el momento de votar, la unidad del alperovichismo alcanzó para aprobar el Programa Provincial de Infraestructura Vial, por el que se pavimentarán unas 60 cuadras por mes en el interior; la construcción de 1.348 viviendas con préstamos de la Nación y la habilitación de una línea de crédito en el Banco Macro por $ 20 millones (con garantía de la Provincia) para las empresas constructoras que trabajan en las rutas tucumanas.
Todas las propuestas fueron rechazadas por la oposición porque se habilita la contratación directa y se deteriora la transparencia de los actos públicos. Este sector sumó al ex aliado del Gobierno y ahora referente cobista Jorge Mendía.

La autorización relacionada con las obras viales concentra el poder en manos del ministro del Interior, Osvaldo Jaldo; y serán financiadas por los fondos fiduciarios para obras de los municipios y las comunas, el que podrá ser ampliado. Para comenzar la ejecución, las administraciones del interior deberán adherirse formalmente.

El oficialista José Teri justificó el proyecto con un discurso más político que técnico: "apostamos a la inclusión social por el trabajo, con un Estado presente para la atención de las necesidades básicas. Queremos que los ciudadanos vivan dignamente en sus pueblos, y no tengan que trasladarse a San Miguel de Tucumán".

La oposición distinguió entre los objetivos declarados en la ley y el mecanismo fijado. "La norma hace de la excepción, la regla", advirtió Luis José Bussi. El republicano cuestionó que los recursos afectados provengan de los fondos fiduciarios, porque son entidades de derecho privado ajenas al control del Tribunal de Cuentas.

"Este proyecto tiene una visión absolutamente hegemónica y centralizada del Gobierno sobre el interior, y Jaldo queda como un virtual interventor. Si quienes manejan el presupuesto municipal no son los concejales ni los intendentes, todo es un fraude y será declarado nulo lo actuado cuando haya una Justicia independiente", alertó el radical José Cano.

Esteban Jerez señaló que la ley era un correlato del Pacto Social que privó a los municipios y comunas de su potestad recaudatoria y de dirigir sus acciones, y exigió políticas de transparencia. "Esta norma es un crimen legal; instituimos la deshonestidad por ley", denunció Osvaldo Cirnigliaro, y vinculó la delegación a Jaldo con su candidatura para la diputación nacional.

Como ya es un clásico, José Gutiérrez le salió al cruce y lo fustigó por integrar una oposición destructiva que no sabe cómo enfrentar a José Alperovich.

Sin participación

La intervención del oficialista Oscar Godoy sorprendió a todos: lamentó que la iniciativa no haya pasado por la comisión de Asuntos Municipales y Comunales que preside, pero la apoyó. "Si no nos dan participación, que supriman la comisión", desafió.

Víctor Lossi y Carlos Canevaro rechazaron ese planteo por cuestiones reglamentarias (señalaron que basta con el despacho de una sola comisión), y la peronista Carolina Vargas Aignasse se quejó de que la oposición cambie su discurso según el tema, y ejemplificó con el rechazo a la autonomía municipal en la administración de la basura mientras que se la reivindica para los trabajos viales. "El ciudadano dará el veredicto final, como lo hace en cada elección", aseveró Sergio Mansilla.

Roque Tobías Alvarez cerró el debate. "Muchas licitaciones son tiempo perdido, porque requieren de 109 días hábiles para cada llamado. Queremos tener de cinco a seis cuadras de pavimento diario en cada frente de trabajo", finalizó.

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