“Yo de la gestión anterior no hablo”. Tajante, el vicegobernador, Osvaldo Jaldo, respondió de esa manera cuando LA GACETA le consultó por el informe interno del Tribunal de Cuentas (TC), referido a los gastos sociales que habrían percibido funcionarios y empleados de la Legislatura. 

En un documento de octubre de 2015, el contador fiscal general del ente de control, Ricardo Contino, le informó al presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, que no había encontrado irregularidades en la rendición de cuentas de los gastos reservados. Pero le indicó, además, que el entonces vicegobernador Juan Manzur (hoy gobernador) había solicitado “los fondos financieros necesarios para atender los gastos sociales de los cuarenta y nueve (49) legisladores y funcionarios de la Legislatura”. 

Jaldo reiteró que trabaja en un nuevo sistema de distribución del dinero perteneciente a las denominadas “ayudas sociales a personas”. “A partir del 1 de marzo lo vamos a abordar como cuerpo colegiado; vamos a tomar todas las decisiones que necesite esta nueva Legislatura. Hablamos de una decisión de fondo en este y en otros temas”, completó el ex ministro del Interior. 

En noviembre, el manejo de los gastos sociales llegó a la Justicia. En una serie de notas, LA GACETA develó que el dinero era trasladado en valijas desde una sucursal del Banco Tucumán-Grupo Macro hasta el edificio legislativo. En total, entre enero y noviembre de 2015 fueron distribuidos en forma mensual y discrecional más de $ 500 millones de la partida entre los parlamentarios. Pero se desconocía que funcionarios de ese poder también habían cobrado esos recursos.

Entre fines de diciembre y mediados de enero, la Presidencia de la Legislatura realizó una serie de actos en los que otorgó subsidios a instituciones como los bomberos voluntarios, y a municipios y comunas que habían sido afectados por las inundaciones. Los más de $ 10 millones entregados provinieron de las “ayudas sociales a personas”.